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Jaque a los cubanos en el exterior
Lic. Veizant Boloy González
Si Dios nos hubiera querido inamovibles, nos hubiese hecho árboles bien sujetos a la tierra. Quizás desde la creación del ser humano existe ese deseo de conocer, de viajar, o movernos a otro territorio.
En el contexto cubano no hablamos de emigración en todo su concepto, sino de esa reducida élite de privilegiados, que pueden viajar con ansias de regresar.
Miles de cubanos se enfrentan a la disyuntiva de perder sus propiedades y derechos en Cuba, tras permanecer fuera del país más tiempo del permitido por las autoridades. No es suficiente permitir a los cubanos viajar, es preciso que desaparezcan ciertas restricciones que no deberían existir.
Las leyes cubanas tienden a operar de acuerdo con los intereses del Estado, en detrimento de los derechos de los ciudadanos, vulnerándose principios del derecho como la Seguridad Jurídica.
Debe resultar increíble para extranjeros poco familiarizados con Cuba, que a los cubanos que se les permite viajar al exterior, sólo se les extiende un permiso de salida de un año aproximadamente, de no cumplir con las fechas de regreso, pierden sus derechos y propiedades.
Consultando fuentes del Derecho Comparado en la legislación de España y México, el despojo de las propiedades personales sólo debe estar sujeto a resolución de los Tribunales.
¿Cómo se permite tal agravio en nuestra isla?
¿Dónde están las garantías que establece la Constitución respecto a las propiedades personales?
Es que cuando se trata de dinero y propiedades, el Estado nunca se encuentra lejos, para de forma autoritaria imponer sus decisiones por encima del terreno constitucional.
Una protección y disfrute progresivo, pleno de los derechos reales y de propiedad, atemperarnos a otras legislaciones, pudiera traer “la recuperación de derechos y propiedades ya usurpados”, y que los ciudadanos no se vean impotentes ante leyes injustas.
Es menester que el ciudadano cubano sea el centro de las opciones, que una legislación adecuada se ponga al servicio de todos los ciudadanos cubanos, emigrados o no, en pos de su seguridad jurídica.
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