#Venezuela Hay en marcha un proyecto de militarización de la sociedad bajo esquema engañoso

Asociación Civil Control Ciudadano, para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional

EL MOVIMIENTO BLOGGER, ESTA LLAMADO A SER EL CATALIZADOR MORAL DE LOS GOBIERNOS, ANTE LOS OJOS DEL MUNDO


Hay en marcha un proyecto de militarización de la sociedad bajo esquemas engañosos”

25/06/13
Caracas.
Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano, rechaza que la gente no tenga acceso al nuevo proyecto de reforma de la Ley de Conscripción y Alistamiento Militar, aprobado en primera discusión, el cual a su juicio “es  intento de subordinación y militarización de la sociedad”, estableciendo un “conjunto de restricciones que merman el ejercicio de derechos civiles en Venezuela”.
La noticia corrió por los medios, pero el contenido de la norma es un enigma para muchos. Hace una semana la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión un nuevo proyecto de reforma de la Ley de Conscripción y Alistamiento Militar: una propuesta de la que lo único que se conoce son las opiniones de los diputados oficialistas.

Esto preocupó a la presidenta de la asociación civil Control Ciudadano, Rocío San Miguel, quien lejos de conformarse con la noticia salió en busca del proyecto aprobado, para que la ciudadanía pudiera conocer de qué iba el contenido de la norma.

“No puede ser que una ley de este tipo se haya aprobado en primera discusión y la gente no tenga acceso a este documento”, sostiene la abogada miembro de la organización, con lo cual critica la falta de acceso a la información por parte del Estado.
Pero este no es su principal motivo de preocupación, sino el contenido de la norma. A su juicio, este proyecto viola una vez más el mandato de la Constitución Nacional, al establecer el carácter obligatorio de registro militar.
¿Todos firmes?
San Miguel recordó que el artículo 134 de la Carta Magna otorga al ciudadano la potestad de elegir entre prestar servicio civil o el militar. No de manera obligatoria como se presenta en el artículo 1 de la propuesta de reforma:
“Esta ley tiene por objeto establecer las normas para regular el deber que tienen los venezolanos, naturalizados y personas jurídicas de cumplir con el registro permanente y el servicio militar, sin distinción alguna, necesarios para la defensa, seguridad y desarrollo integral de la nación de conformidad con lo establecido en la Constitución y demás leyes que rigen la materia”, leyó San Miguel, destacando el término “deber” y la frase “sin distinción alguna” en el artículo, con lo cual reitera el carácter inconstitucional de la norma.
De igual forma se refirió al artículo 2, en el que se determina el ámbito de aplicación de la ley: “venezolanas, venezolanos y naturalizados en edad militar (entre 18 y 60 años), personas jurídicas, a todos los entes públicos y privados, autoridades civiles y militares involucradas en procesos de registro permanente, alistamiento y servicio militar”. Este marco, a juicio de San Miguel, no solo termina de reforzar el desapego a la Constitución de la ley, sino que muestra confusión al respecto.
Su preocupación también viene por el contenido del artículo 42, en el que se explica que la inscripción de personas jurídicas en el registro militar tiene como finalidad la conformación de una base de datos para el Estado, “que pueda ser empleada por el ente responsable de la administración del registro civil, conforme a lo establecido en la ley correspondiente”. Esa data incluye la actualización permanente de cualquier cambio en campos como números de teléfono, contactos, profesión, oficio, residencia, entre otros pormenores.
Este artículo despierta suspicacia para la presidenta de Control Ciudadano, pues pareciera que el registro civil, al estar comprendido en esta ley, estaría bajo la jurisdicción de la autoridad militar, lo cual a su juicio sería un intento del Gobierno nacional de subordinar a la ciudadanía a través de la militarización.
Si a esto se le aúna que el régimen sancionatorio para quienes incumplan con la ley incluye medidas como: restricciones de solvencia laboral para las compañías y demás personas jurídicas que no estén inscritas en el “registro permanente”, restricciones al derecho laboral y a la emisión de solvencias y declaración de impuestos, las alarmas son mayores para la abogada.
“No se trata solo de un intento de subordinación y militarización de la sociedad, sino de un conjunto de restricciones que merman el ejercicio de derechos civiles en Venezuela”, aseveró.
Antecedentes rojos
Los planes para militarizar a la ciudadanía venezolana no son nuevos en Venezuela. Así lo recuerda Rocío San Miguel. De ahí que rescate ejemplos como las labores de inteligencia que se le atribuyen a los consejos comunales y los comités de defensa; la Milicia Bolivariana manejando armas de la República, y la propuesta de militarizar el sistema educativo nacional.
Pero la gravedad que percibe la abogada en este caso es que la militarización está colindando con el ejercicio de otros derechos de carácter civil e incluso laboral, con lo cual se estaría manejando a la sociedad desde los hilos castrenses. “El poder militar debe estar subordinado al poder civil, no al revés. Esto pareciera ser una nueva modalidad de edificar una sociedad subordinada, obediente y sin disenso de la llamada revolución bolivariana”, reiteró.
San Miguel cuestionó la postura de los diputados oficialistas de la Asamblea Nacional, quienes insisten en que el registro militar no es obligatorio, pero que defienden una propuesta de modificación de la ley cuyos artículos hablan de la obligatoriedad de este proceso. “La ley habla incluso de registro militar obligatorio, ¿por qué manda a todos los ciudadanos entre 18 y 60 años a inscribirse en este registro, si los únicos registros permanentes que hay en Venezuela son el registro civil y el electoral, si eso no está previsto en la Constitución?”.
Activación social
De ahí su llamado a la población a que conozca esta ley y se active para impedir cualquier limitación a sus derechos constitucionales. Explicó que a ninguna persona pueden limitárseles sus derechos a la educación, al trabajo, a la libre circulación, ni a recibir solvencia de impuestos por no estar inscrito en el registro militar.
Esto implicaría -según San Miguel- que todo aquel que no se inscriba no podrá entrar en una universidad, y quienes estén estudiando, no podrán obtener el título; no podrán acceder a cargos en la administración pública; e incluso, pueden ser detenidos.
La presidenta de Control Ciudadano prevé que este tipo de práctica, además de subordinar a la sociedad al mandato militar, crearía más instancias burocráticas susceptibles de corrupción, con la que tratarían de chantajear a los ciudadanos no inscritos para evitar las sanciones correspondientes.
Por eso estima que lo más idóneo sería la creación de una ley de servicio militar voluntario, que por su carácter facultativo, además de apegarse a la Constitución, evitaría la restricción de derechos civiles.
Finalmente San Miguel anunció que estarán difundiendo el contenido de la ley y advirtiendo a la ciudadanía sobre sus implicaciones. También se dirigirán a la Asamblea Nacional para manifestar lo que a su juicio es una “interpretación anárquica de la Constitución”.
“Sin duda hay en marcha un proyecto de militarización de la sociedad que se está haciendo bajo esquemas engañosos en el que pretenden obligar a todos los venezolanos a inscribirse en un registro militar obligatorio que es inconstitucional. Aquí hay una mampara de fondo que a mi modo de ver va a significar que el registro civil quede en manos de los militares”.
Fuente: Correo del Caroní