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La Tercera Sala del máximo tribunal chileno acogió, en forma unánime, la acción cautelar presentada por la empresa agrícola Agrofuturo, en contra de la decisión del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de la sureña región del Bíobío, que en marzo pasado prohibió la siembra.
El tribunal determinó que el SAG no respetó el principio de igualdad ante la ley, al revocar un permiso inicial otorgado sin la realización de una audiencia previa en la que se permita exponer argumentos.
El SAG autorizó el 31 de enero pasado la instalación de una granja para el cultivo de cannabis, pero la divulgación de la información en marzo pasado causó un gran revuelo y el gobierno terminó por desautorizar el proyecto.
El ministro de Salud, Jaime Mañalich, dijo el 1 de abril pasado que la autorización emitida por el SAG era “un despropósito”, que va en contra de las políticas antidrogas del gobierno.
“Me parece un despropósito que en una parte del país se actúe de una manera que aparece al margen de las políticas generales de control del narcotráfico y control de las adicciones”, señaló entonces.
Según la empresa Agrofuturo, el proyecto contempla importar semillas desde Holanda (de 11 variedades distintas) para un primer cultivo experimental en un área de 100 metros cuadrados, que cuenta con dos cierres perimetrales, cámaras de televigilancia y guardia permanente.
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