Ex jefe de cárceles castristas está de regreso en EEUU
Cresencio Marino Rivero, ex jefe de prisiones en la provincia de Villa Clara, en Cuba junto a su esposa Juana Ferrer en un programa de televisión en Miami en noviembre.
Cortesía
David Noriega y Juan O. Tamayo
Un ex jefe de las cárceles cubanas que estuvo viviendo en Miami y regresó a toda prisa a la isla luego de ser acusado de abusos a los derechos humanos está otra vez de regreso en Estados Unidos, según una fuente con informacion directa sobre el caso.
El coronel del Ministerio del Interior, Crescencio Marino Rivero, de 71 años, regresó a Cuba en noviembre después de que media docena de disidentes lo identificaron como un ex director de prisiones en la provincia central de Villa Clara y lo acusaron de abusos.
Pero una persona que tiene conocimiento directo del caso confirmó el miércoles reportes de la semana pasada de que Rivero había regresado a alguna parte de los Estados Unidos. La persona no quiso hacer más comentarios y pidió conservar el anonimato porque no estaba autorizado a hablar públicamente acerca del caso.
La esposa de Rivero, Juana Ferrer, quien permaneció en Miami cuando él regresó a Cuba, insistió el miércoles a un reportero de El Nuevo Herald que él está todavía en la isla y acusó a los medios de prensa de acosarla a ella y a su familia.
El reporte del regreso de Rivero provocó quejas de los abogados de inmigración de Miami, William Allen y Santiago Alpízar, cuyas quejas sobre su presencia en el sur de la Florida el año pasado eventualmente provocaron una investigación por parte de la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE).
“Me siento decepcionado de que hayan pasado meses desde que esta información se hizo pública, y en esos meses este tipo regresa a Cuba, regresa a este país y no ha pasado nada”, dijo Allen.
Añadió que se sentía especialmente frustrado porque al mismo tiempo el gobierno de Estados Unidos había estado tratando de deportar a otros cubanos que, como Rivero y Ferrer, supuestamente mintieron sobre su membresía en el Partido Comunista y otros asuntos cuando solicitaron visas y residencia en EEUU.
El procedimiento normal para casos como el de Rivero y Ferro sería que ICE presentara los resultados de su investigación a la fiscalía federal en Miami para que ellos tomen una decisión sobre si presentarán cargos criminales, probablemente de obtener visas y residencia por medios fraudulentos.
Si la fiscalía federal decide no presentar cargos, ICE puede entonces comenzar procedimientos deportación en los que un juez de inmigración decide si los acusados cometieron fraude. Las deportaciones a Cuba son raras, de modo que los acusados enfrentan detención en centros como el de Krome Avenue o un regreso voluntario a la isla.
ICE y la fiscalía federal de Miami dijeron que no podian comentar sobre el caso de Rivero y Ferrer.
Rivero se retiró en 1996 del Ministerio del Interior, el cual está a cargo de todas las cárceles, y se mudó a Miami en el 2010 con su esposa, ex oficial de pasaportes del Ministerio del Interior que tenía al menos el rango de capitán. Ellos se mudaron con una hija, que tiene un hijo.
Media docena de ex presos políticos cubanos lo han acusado de maltratarlos o de ordenar a los carceleros que los maltrataran cuando estaba a cargo de los centros de detención juvenil y luego cárceles para adultos en Villa Clara en las décadas de 1980 y 1990.
El disidente Guillermo Fariñas, quien como Rivero reside en la ciudad de Santa Clara, alegó que Rivero le arrancó con ira dos sondas de alimentación por vía intravenosa cuando él estaba en un hospital in 1998 llevando a cabo una de sus muchas huelgas de hambre.
Fariñas, ganador del Premio Sajarov del Parlamento Europeo por la libertad de conciencia, dijo que Rivero también le había gritado que “los disidentes no necesitaban sueros. Necesitaban que los mataran”.
Funcionarios federales obtuvieron copias de las solicitudes de visa y residencia de Rivero y Ferrer, bajo la Ley de Ajuste Cubano, para comenzar su investigacion en noviembre, alrededor de la misma época que Rivero regresó a su hogar en Santa Clara.
Acusar a Rivero por abusos de derechos humanos sería difícil, según expertos, pero él y Ferrer podrían ser puestos bajo procedimientos de expulsión si se determina que mintieron en sus solicitudes federales.
Los formularios preguntan si el solicitante ha trabajado alguna vez en cárceles, si ha pertenecido a un Partido Comunista, recibido entrenamiento de armas o prestado servicio en una “unidad paramilitar”. Los oficiales del Ministerio del Interior tienen rango militar y portan armas.
Rivero ha negado las alegaciones de abusos y calificó de “mentirosos” a sus acusadores. Pero él pareció admitir que había algunos problemas en cuanto a su solicitud de visa cuando habló con un puñado de periodistas de Miami en noviembre.
Él dijo, refiriéndose a cuando solicitó la visa de EEUU: “En ese momento estaba 14 años fuera del MININT, no le di importancia”.
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