Se acercan las contiendas electorales de alcaldes y concejales en Venezuela, convocadas para diciembre. Y con ese nuevo acontecimiento se incrementa la contradicción en la que está entrampado el líder opositor, Henrique Capriles. En las pasadas presidenciales, Nicolás Maduro y su pandilla chavista se robaron impunemente la elección, con la complicidad demostrada del Colegio Nacional Electoral (CNE), que es la máxima autoridad en el manejo de los procesos electivos en el país. La desestimación por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del recurso de impugnación por fraude de los resultados que presentó la oposición, suma ese otro organismo al circo oficialista. Ahora Capriles mantiene su posición de no reconocer a Maduro como presidente, de calificar de fraudulento el manejo de las elecciones por el CNE y de cómplice la posición asumida por el TSJ. Sin embargo, alienta al pueblo venezolano para que vuelva a salir a votar en las próximas elecciones, que serán identicamente organizadas y supervisadas por las mismas cuestionadas estructuras estatales. Esto luce algo así como: "no te amo, pero a la vez te pido la mano en matrimonio". Y es que si se fijan, el enfoque estratégico de la alternativa opositora en su lucha contra la dictadura chavista se dirige en la dirección incorrecta. Cuestionan la legalidad del chavismo apelando a las instituciones estatales, ampliamente dominadas por el gobierno. Lo primero es reconocer que Venezuela no es una democracia con un gobierno autoritario, aunque aún existan resquicios de aparente libertad de expresión, pluripartidismo, elecciones libres, empresa privada... Hugo Chávez implantó una dictadura desde el mismo momento en que tomó control de todos los poderes del Estado, o sea, del ejecutivo, judicial, legislativo, electoral y popular. Y ante una dictadura, aunque no sea totalitaria como la cubana, la estrategia de lucha no es desgastarse en el cuestionamiento de la legitimidad del oficialismo, sino empujar a la mayoría del pueblo a los reclamos de libertad. Es en las plazas y calles del país donde se define la lucha libertaria, no en las oficinas de instituciones genuflezas que constituyen componentes integrantes de la pandilla en el poder. Es verdad que Augusto Pinochet entregó el poder en Chile tras una elección, pero su dictadura era repudiada por toda la comunidad internacional. Esa no es la situación de los chavistas, que junto a los Castro, son admirados, tolerados y reconocidos por todos los gobiernos e instituciones de la región. Túnez, Egipto y Libia deberían servirle de referentes a Capriles a la hora de capitanear la nave opositora. Cada día que siga por el camino equivocado se aleja más de la posibilidad de ser protagonista de los cambios en su país.
Se acercan las contiendas electorales de alcaldes y concejales en Venezuela, convocadas para diciembre. Y con ese nuevo acontecimiento se incrementa la contradicción en la que está entrampado el líder opositor, Henrique Capriles. En las pasadas presidenciales, Nicolás Maduro y su pandilla chavista se robaron impunemente la elección, con la complicidad demostrada del Colegio Nacional Electoral (CNE), que es la máxima autoridad en el manejo de los procesos electivos en el país. La desestimación por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del recurso de impugnación por fraude de los resultados que presentó la oposición, suma ese otro organismo al circo oficialista. Ahora Capriles mantiene su posición de no reconocer a Maduro como presidente, de calificar de fraudulento el manejo de las elecciones por el CNE y de cómplice la posición asumida por el TSJ. Sin embargo, alienta al pueblo venezolano para que vuelva a salir a votar en las próximas elecciones, que serán identicamente organizadas y supervisadas por las mismas cuestionadas estructuras estatales. Esto luce algo así como: "no te amo, pero a la vez te pido la mano en matrimonio". Y es que si se fijan, el enfoque estratégico de la alternativa opositora en su lucha contra la dictadura chavista se dirige en la dirección incorrecta. Cuestionan la legalidad del chavismo apelando a las instituciones estatales, ampliamente dominadas por el gobierno. Lo primero es reconocer que Venezuela no es una democracia con un gobierno autoritario, aunque aún existan resquicios de aparente libertad de expresión, pluripartidismo, elecciones libres, empresa privada... Hugo Chávez implantó una dictadura desde el mismo momento en que tomó control de todos los poderes del Estado, o sea, del ejecutivo, judicial, legislativo, electoral y popular. Y ante una dictadura, aunque no sea totalitaria como la cubana, la estrategia de lucha no es desgastarse en el cuestionamiento de la legitimidad del oficialismo, sino empujar a la mayoría del pueblo a los reclamos de libertad. Es en las plazas y calles del país donde se define la lucha libertaria, no en las oficinas de instituciones genuflezas que constituyen componentes integrantes de la pandilla en el poder. Es verdad que Augusto Pinochet entregó el poder en Chile tras una elección, pero su dictadura era repudiada por toda la comunidad internacional. Esa no es la situación de los chavistas, que junto a los Castro, son admirados, tolerados y reconocidos por todos los gobiernos e instituciones de la región. Túnez, Egipto y Libia deberían servirle de referentes a Capriles a la hora de capitanear la nave opositora. Cada día que siga por el camino equivocado se aleja más de la posibilidad de ser protagonista de los cambios en su país.
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