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Sin vendas en los ojos, dura realidad
De Zapata Tamayo a Wilman Villar, de la represión durante la visita papal a las Damas de Blanco: La Organización Mundial contra la Tortura examina al régimen, que sigue sin tipificar la tortura como delito en la legislación penal.
Ginebra. La Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) está seriamente preocupada por la gravedad de la situación de los derechos humanos en Cuba, con un Gobierno que "sigue siendo hostil a toda crítica nacional o internacional" y donde hay una tipificación bastante nebulosa de ciertos delitos, bajo denominaciones tales como "falta de respeto", "resistencia a la autoridad", y la consabida "propaganda enemiga", o la tan utilizada "peligrosidad social pre-delictiva".
Estas y otras muchas apreciaciones, así como numerosas recomendaciones, se encuentran sustentadas en un detallado informe alternativo recién presentado por la OMCT al Comité contra la Tortura de la ONU, con vistas al examen de los informes periódicos segundo, tercero y cuarto de Cuba —correspondientes a los años 2000, 2004 y 2008—, previsto durante el 48° periodo de sesiones, en mayo de 2012.
No es la primera vez que la prestigiosa Organización —fundada en 1985— expresa sus inquietudes en torno a la situación represiva que se vive en la Isla, a la cual, desde hace ya más de una década, espera autorización para poder realizar una visita de evaluación, toda vez que las denuncias sobre graves violaciones, incluidos alegados casos de tortura, afluyen con frecuencia a la OMCT.
Un nuevo —y también fallido— intento tuvo lugar el pasado año cuando la OMCT pudo reunirse el 31 de mayo de 2011 con la Misión Permanente de Cuba en Ginebra para abordar la eventualidad de una misión a la Isla, a fin de conocer in situ la situación, y tal como afirma el informe hasta la fecha "las autoridades cubanas no han acordado que la OMCT realice una misión a su país".
Valdría la pena recordar que a raíz del anuncio hecho por el Gobierno cubano en febrero de 2009 de que recibiría al relator especial de la ONU sobre la Tortura, Manfred Nowak, la OMCT no puso objeción a suministrarle toda la información que durante dos decenios había recopilado referida a situaciones de tortura y de malos tratos recibidas de diversas fuentes, incluidas las de primera mano. Pero, como del dicho al hecho va un gran trecho, Nowak terminó su mandato en octubre de 2010 sin tener acceso a la Isla, y con gran decepción —tal como él mismo dijo— asumió que las autoridades cubanas habían interpuesto numerosos obstáculos para que "la invitación" fuese una realidad.
El informe alternativo de la OMCT
El documento elevado por la OMCT al Comité de la Tortura consta de 31 páginas, en las cuales se analizan la situación de los derechos humanos en Cuba, el marco jurídico —con énfasis en la ausencia de tipificación del delito de tortura—, la ausencia de legislación para garantizar la reparación a las víctimas de tortura y el derecho a una indemnización justa y adecuada, la existencia de delitos que generan incertidumbre jurídica y actuaciones arbitrarias por parte de las autoridades, y la aplicación de la pena de muerte.
Asimismo, se enfoca la represión continua en contra de los opositores políticos, defensores de derechos humanos y periodistas independientes. La OMCT presta particular atención al caso de las Damas de Blanco, a las que considera uno de los grupos que ha sido particularmente más vulnerable a los actos represivos, habida cuenta de que son objeto de vigilancia, actos de hostigamiento y amenazas de manera continua por parte de agentes de la Seguridad del Estado, de la Policía Nacional y de partidarios del gobierno.
La OMCT asegura que "a cuatro años desde que el Sr. Raúl Castro tomó el poder" se han emprendido algunos cambios de orden económico y sin embargo, "la situación de los derechos humanos en Cuba continúa siendo preocupante y el Gobierno cubano sigue siendo hostil a toda crítica nacional o internacional".
"A nivel nacional —denuncia la OMCT— la disidencia continúa siendo fuertemente reprimida mediante el uso excesivo de la fuerza policial, amenazas, actos de hostigamiento, detenciones arbitrarias y otras formas de malos tratos".
Asimismo evidencia que las libertades de expresión, de reunión pacífica y de asociación de opositores políticos, defensores de derechos humanos y periodistas independientes son severamente restringidas, observándose una tendencia de aumento de la represión desde el pasado año hasta la fecha.
De acuerdo con la ONG, a escala internacional, el Gobierno cubano fue sometido en febrero de 2009, al examen del denominado Examen Periódico Universal, el mecanismo del cual se dotó el Consejo de Derechos Humanos para evaluar en materia de derechos humanos a todos los países miembros de la ONU. En esa ocasión Cuba rechazó 20 de las más de 80 recomendaciones que produjo ese escrutinio.
Hasta hoy, ninguno de los relatores de la ONU encargados de cuestiones sensibles como defensores de derechos humanos, libertad de expresión, o de la tortura, ni ONG vinculadas, u otros mecanismos internacionales afines, han obtenido el acuerdo de las autoridades cubanas para realizar alguna misión de evaluación de la tortura y los malos tratos en Cuba, según subraya el documento de la OMCT.
"A esto se añade que el monitoreo de la situación de los derechos humanos en las cárceles cubanas continúa prohibido tanto para observadores nacionales como internacionales, y sigue siendo considerado un acto de 'traición a la patria' o 'un atentado a la soberanía cubana'".
En este escenario, aquí en Ginebra, durante dos décadas hemos escuchado precisamente el recurso a esos términos por parte de representantes del Gobierno cubano para desentenderse de cuestionamientos formulados en la extinta Comisión de Derechos Humanos, o en otras instancias.
Acerca de las condiciones carcelarias, la OMCT pone énfasis en las detenciones excesivas y abusivas, que han originado el hacinamiento masivo que existe hoy en día en unas 200 prisiones y "campos de trabajo" en la isla, a lo cual —asegura— "se suman las palizas, las humillaciones, déficit de higiene, insuficiencia o denegación de asistencia médica adecuada y la mala alimentación a la que son sometidos los prisioneros". En la Isla no hay distinción carcelaria entre disidentes políticos, defensores de derechos humanos, periodistas independientes o presos comunes, agrega el documento de la OMCT.
"Uno de los casos emblemáticos con relación a las deplorables condiciones de detención y al precario estado de salud de los detenidos en las prisiones en Cuba, es el de Orlando Zapata Tamayo", afirma el informe, que subraya el hecho de que OZT, miembro del Movimiento Alternativa Republicana y del Consejo Nacional de Resistencia Cívica, y gestor del Proyecto Varela, falleció como "consecuencia de las secuelas de diferentes tipos de malos tratos y golpes recibidos durante sus años de detención, las cuales —apunta— se agravaron en medio de una huelga de hambre de 83 días".
Otro caso señalado fue el del fallecimiento de Wilman Villar Mendoza, de la Unión Patriótica de Cuba, quien falleció el pasado 18 de enero en medio de una huelga de hambre de 50 días, debido a un fallo multiorgánico y una sepsia generalizada. El informe recoge el testimonio de la esposa de Villar, según la cual fue "sometido a reclusión en condiciones de aislamiento luego que iniciara la huelga de hambre…, lo habrían desnudado y confinado a una celda de aislamiento minúscula y fría".
Para la Organización Mundial contra la Tortura, la situación es de tal gravedad que son varios los casos de disidentes que han optado por realizar huelgas de hambre para protestar contra las irregularidades o las condiciones de detención.
En sus recomendaciones, la OMCT solicita se mejoren las condiciones de reclusión, en especial, y con urgencia las referidas a las cuestiones sanitarias, alimentarias, y al acceso a servicios de salud y cobertura de necesidades básicas.
Asimismo, pide la liberación inmediata e incondicional de todos los disidentes, defensores de derechos humanos y periodistas independientes que se encuentren arbitrariamente detenidos, y, en caso de privación de libertad, "evitar que sean agredidos" y proporcionarles una adecuada atención médica según su estado de salud.
La OMCT sustenta como referencial —entre otras— la denuncia hecha en días recientes por el Consejo de Relatores de Derechos Humanos, según cuyos datos, "una alarmante cifra de más de 1.000 reclusos habrían fallecido en la última década y en la gran mayoría de casos no existe una explicación oficial por parte de autoridades penitenciarias del Estado cubano".
En su informe, la OMCT ofrece también valoraciones positivas referidas al ordenamiento jurídico cubano, según la Constitución vigente donde se consagra la libertad e inviolabilidad de la integridad personal y garantiza la inviolabilidad de la integridad de la persona detenida o presa (art. 58), así como se proscribe el uso de la violencia o la coacción sobre las personas para forzarlas a declarar (art. 59.iii), establece la nulidad de las declaraciones obtenidas mediante violencia o coacción (art. 59.iv) y se prevé que "en caso de infracción los responsables serán sancionados" (art. 59.iv).
Sin embargo, la OMCT señala el hecho de que todavía el Gobierno no haya tipificado en la legislación penal cubana la tortura como un delito, tal como lo exige la Convención contra la Tortura, de la cual Cuba es firmante, "representa una laguna" en su aplicación y "a falta de un delito específico de tortura, es difícil seguir la aplicación de la Convención".
Los argumentos ofrecidos por Cuba al Comité de la ONU contra la Tortura, no proporcionan datos sobre las denuncias interpuestas en contra de autoridades con base en las figuras delictivas a las que se refiere el Gobierno, que permitirían la protección integral de la persona, como el delito de abusos lascivos, cometido por autoridades o funcionarios, por razón de su cargo, entre otros. Tampoco Cuba ha ofrecido información sobre los resultados de posibles investigaciones o de imputaciones en caso de que existan, según refiere la OMCT.
En ese sentido, esta ONG ha subrayado tener seria preocupación ante la existencia de delitos tales como el de "peligrosidad social-pre-delictiva", contemplado en el artículo 72 del Código Penal, que según la OMCT asegura corresponde a un tipo de "delitos que no sólo vulneran per se principios universalmente reconocidos como el de seguridad jurídica ligado a las garantías del debido proceso legal, sino que facilitan el hostigamiento a disidentes políticos y defensores de derechos humanos".
La represión a la disidencia. Las Damas de Blanco
La política represiva seguida por el Gobierno cubano desde hace años contra opositores políticos se ha expresado en todo tipo de hostigamiento y vigilancia, arrestos sistemáticos, de corta duración, amenazas, uso de la fuerza policial durante las detenciones, represión a las manifestaciones pacíficas, restricciones a la libertad de circulación por el territorio nacional o de salida del país, entre otras, son citadas en el informe alternativo de la OMCT.
Una de las últimas modalidades, según refiere, radica en los actos de intimidación para impedir que los disidentes políticos, los defensores de derechos humanos o los periodistas independientes puedan reunirse libremente. Ahora, apunta la OMCT, se aplica una suerte de "reclusión domiciliaria" bajo custodia policial o con el apoyo de partidarios o agentes gubernamentales, bajo amenaza de detención en caso de que salgan de sus viviendas.
Con motivo de la reciente visita del Papa Benedicto XVI se realizaron numerosos actos de hostigamiento de este tipo, con el objetivo de impedir que "los críticos del régimen se manifestaran durante la visita papal". De tal manera, que la OMCT se suma a las denuncias formuladas por diferentes medios sobre un aumento alarmante de la represión masiva alrededor de la visita del Papa. (26-28 marzo 2012).
En esa dirección, la OMCT afirma que durante esos días hubo numerosos arrestos arbitrarios, reclusiones domiciliarias extrajudiciales bajo custodia policial, cortes de líneas telefónicas de centenares de disidentes en todo el país "ordenadas por la policía secreta", entre otros.
De acuerdo con la Organización Mundial contra la Tortura, la violencia con la que se realizan algunas detenciones de disidentes políticos "ha llegado a poner en duda las circunstancias que rodearon la muerte" de Juan Wilfredo Soto García, miembro del Polo Antitotalitario Unido, el 7 de mayo del pasado año en el hospital provincial de Santa Clara.
Tras referirse a la golpiza que recibió Soto García y su ulterior muerte dos días después, la OMCT recuerda que solicitó a Raúl Castro que se realizara una investigación inmediata, independiente, competente, exhaustiva e imparcial para esclarecer las causas de su fallecimiento y encausar a los responsables, sin que hasta el momento haya tenido la más mínima respuesta.
En cuanto a las Damas de Blanco, la OMCT no solo las considera uno de los grupos más vulnerables y en especialmente acosado, sino que da valor testimonial a las denuncias hechas por algunas de sus integrantes, víctimas de agresiones físicas a manos de partidarios gubernamentales. Cita, como ejemplo, cuando en julio del pasado año 24 mujeres fueron golpeadas —e incluso apedreadas— tras haber visitado el Santuario de El Cobre, pero también durante la reciente visita papal.
Entre los casos documentados por la Organización contra la Tortura están el de Ivonne Malleza Galano, miembro de las Damas de Blanco, y el de Isabel Haydee Álvarez Mosquera, ambas detenidas violentamente el mismo día.
En general, la Organización Mundial contra la Tortura formula 38 recomendaciones en este informe alternativo, que espera pueda contribuir al trabajo del Comité de la ONU contra la Tortura, a la hora de analizar la situación de violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Cuba.
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