El presidente cubano, Raúl Castro, cumplirá este domingo cinco años al frente del gobierno comunista de la isla con el reto de sacar adelante un paquete de inéditas reformas que tiene como principales objetivos "actualizar" el modelo socialista y superar la crisis que ha causado estragos en la economía doméstica.
Aunque Raúl Castro fue elegido oficialmente el 24 de febrero de 2008 presidente del Consejo de Estado, el 31 de julio de 2006 tuvo que asumir las riendas del régimen a solicitud de su hermano Fidel, quien fue sometido a una operación que lo mantiene apartado de la vida política desde entonces.
Castro, de 80 años, tuvo que asumir además el pasado abril la jefatura del gobernante Partido Comunista de Cuba (PCC), después de que su hermano desistiera de la idea de continuar al frente del foco ideológico de la revolución cubana. Tras esta decisión, Raúl quedó completamente al mando de los principales poderes de la isla.
Poco después de reemplazar a Fidel, el actual mandatario cubano comenzó a poner en marcha una serie de cambios ante las innegables consecuencias de la crisis económica internacional. Lo primero que hace en 2007 es crear comisiones para diagnosticar los problemas que aquejan al ciudadano de a pie.
Pero no es sino hasta el año 2008, cuando es elegido oficialmente jefe de Estado, cuando Raúl habla de la necesidad de "encontrar los mecanismos y vías que permitan eliminar cualquier traba al desarrollo de las fuerzas productivas".
Una de sus primeras medidas fue la autorización de la venta de ordenadores, móviles y otros electrodomésticos que hasta entonces estaban prohibidos para los cubanos. Las prohibiciones para que los ciudadanos de la isla se hospedaran en hoteles también fueron levantadas.
Los campesinos por primera vez tuvieron la oportunidad de explotar las tierras ociosas que el Estado les entregó en usufructo con la posibilidad de vender su producción directamente al público sin tener que solicitar permisos.
Esto se puede interpretar como el pistoletazo de salida de los grandes cambios contemplados en los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, un paquete de 313 medidas aprobadas el pasado abril por el PCC durante su sexto congreso.
Las medidas van orientadas a reducir todos los subsidios, buscar alternativas de financiación, reactivar el aparato productivo, promover la inversión extranjera y reubicar en trabajos privados a unos 500.000 empleados públicos que comenzaron a ser despedidos. El propio Castro ha pedido aliviar al Estado de algunas cargas que considera innecesarias.
El proyecto contempla una serie de cambios que abarcan desde los aspectos más domésticos hasta políticas macroeconómicas como la reestructuración de la deuda externa, la sustitución de importaciones por exportaciones, la producción interna y la necesidad de atraer mayor inversión extranjera que reactive el empleo, entre otras.
CORRUPCIÓN Y BUROCRACIA
Todas estas decisiones han estado acompañadas de sustituciones cruciales en el Consejo de Ministros, quedando por fuera viejas figuras que representaban un emblema de la revolución liderada por Fidel Castro.
Raúl Castro se ha comprometido no sólo a hacer algunos retoques al esquema político, económico y social, sino que también se ha establecido como meta acabar con la burocracia y la corrupción, dos de los principales problemas enquistados en la sociedad cubana.
Durante una reunión del Consejo de Ministros realizada hace unos días, el actual mandatario fustigó el desorden, el incumplimiento y la falta de planificación en áreas claves de la economía, por representar un obstáculo en el avance del proceso de "actualización" del modelo socialista.
Tras analizar esta situación, Castro advirtió sin contemplaciones de que "quien cometa una violación, sea cual sea esta, se le pedirán cuentas por ello, y en este sentido comenzarán a desempeñar cada vez un papel más determinante nuestros tribunales, jueces y fiscales".
Algunas medidas se han tomado al respecto, aunque todavía muchos se muestran escépticos debido a los altos niveles de corrupción. Entre mayo y junio fueron condenados a penas de prisión un exviceministro de la Industria Alimentaria, un exministro de la Industria Alimenticia y varios exfuncionarios por estar implicados en delitos de cohecho y falsificación de documentos.
Para poder erradicar estos males el Estado cubano realizó una auditoría en decenas de empresas que puso en evidencia que a pesar de los esfuerzos todavía persisten muchas irregularidades.
"De las más de 750 entidades auditadas en todo el país, el 63 por ciento tuvo calificaciones 'satisfactorias' y 'aceptables', mientras que el 37 por ciento fue evaluado deficiente o mal", señala un informe de la oficina del Contralor General de Cuba divulgado en junio.
Se sospecha que en Cuba los directivos y administradores de empresas estatales corruptos utilizan una contabilidad paralela para esconder malversaciones de fondos y desvíos de bienes de las empresas al mercado negro, informa Reuters.
DERECHOS HUMANOS
Los anuncios de Raúl Castro sembraron cierta esperanza en aquellos que exigen un cambio político real en Cuba. Pero la mayoría de sus detractores ven en el actual mandatario una réplica del autoritarismo y la represión que habría instaurado Fidel durante sus años de gobierno. "Es lo mismo, no ha cambiado nada en Cuba", es una de las frases que más repiten los disidentes.
Una de las asignaturas pendientes tiene que ver con el respeto a los Derechos Humanos. Aunque el régimen castrista insiste en afirmar que en Cuba se respeta la integridad física y moral de los ciudadanos, la disidencia tiene una versión completamente distinta.
Uno de los episodios que puso a Raúl Castro en el centro de la polémica internacional fue la muerte del prisionero de conciencia Orlando Zapata Tamayo, en febrero de 2010, tras una huelga de hambre de 85 días en protesta por las condiciones carcelarias de los presos.
Organizaciones internacionales de Derechos Humanos y decenas de gobiernos en el mundo condenaron este hecho y aprovecharon para cargar contra el régimen que gobierna en la isla desde hace más de 52 años.
La situación llegó a tal extremo que el periodista cubano independiente Guillermo Fariñas comenzó una huelga de hambre en demanda por la liberación de varios presos políticos que tenían problemas de salud. La protesta se extendió 135 días y finalizó cuando Castro, a través de la Iglesia Católica, anunció la excarcelación de más de un centenar de prisioneros, de los cuales la mayoría viajó a España.
Según datos de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN) --organización ilegal pero tolerada por el gobierno-- en 2010 se registraron un total de 2.074 detenciones de corta duración y actos de repudio contra disidentes que realizaban o intentaban realizar protestas contra el régimen. En lo que va de 2011, la cifra asciende a 1.727 casos.
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