EL MOVIMIENTO BLOGGER, ESTA LLAMADO A SER EL CATALIZADOR MORAL DE LOS GOBIERNOS, ANTE LOS OJOS DEL MUNDO
El Gobierno de Venezuela ha respondido al varapalo sufrido en las elecciones parlamentarias, que perdió contra la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), instalando un inédito Parlamento Comunal que imita las competencias de la Asamblea Nacional establecidas en la Constitución.
“Yo voy a dar todo el poder al Parlamento Comunal, y ese Parlamento
va a ser una instancia legislativa del pueblo desde la base”, dijo el
presidente venezolano, Nicolás Maduro,
el martes. Aunque parte de los dirigentes chavistas y la oposición
minimizaron ese anuncio, otros instan a investigar supuestas
irregularidades en los comicios.
El Parlamento Comunal, que fue juramentado por el número dos del chavismo, Diosdado Cabello,
el último día de sesiones de la legislatura 2011-2016, es parte de una
estrategia mucho más ambiciosa que apunta a no reconocer la abrumadora
victoria de la oposición el 6 de diciembre.
El jefe del comando de campaña oficialista, el alcalde del municipio
Libertador (centro oeste de Caracas) Jorge Rodríguez, anunció que pedirá
a la Fiscalía General que investigue “las artimañas sucias utilizadas
por la oposición” durante los comicios. El chavismo
asegura que en el Estado de Amazonas, un gran territorio rural situado
al sur del país, la gobernación, que está en manos de la oposición,
pagaba entre Bs 2.000 (10 dólares a la tasa de cambio oficial Simadi) y
Bs. 5000 (25 dólares) por cada voto. “Se trata de una violación a la
Constitución, a las leyes electorales y un intento de vulnerar el
sistema electoral”, recalcó el funcionario.
El periodista Nelson Bocaranda sugirió el martes que el Gobierno va a
impugnar la elección de 26 diputados, alegando irregularidades
similares a las descritas por el alcalde Rodríguez. Todo ello con el
objetivo de impedir que, con la mayoría calificada obtenida en las
elecciones, la oposición pueda legislar en sentido contrario al espíritu
del modelo económico chavista —dado a los controles de precios y a la
asfixia del sector privado— y a favor de una apertura de la economía.
Cuando se instale el Parlamento, a partir del próximo 5 de enero, el
chavismo no podrá darle cariz legal a todas las decisiones políticas que
apuntan a consolidar un proyecto revolucionario.
El escándalo generado por el anuncio de la creación del Parlamento
Comunal ha provocado que parte del chavismo, que ya no funciona como una
estructura obediente a un solo mando, como en tiempos de su creador,
haya intentado matizar esa impresión. El diputado electo por el partido
de Gobierno Ricardo Molina aseguró a la televisora local Globovisión que
el Parlamento Comunal no será un cuerpo deliberativo paralelo. “Se
trata de que el poder popular tenga una base legal que le permita
organizarse para definir su futuro, con una delimitación de
competencias, definidas en la ley”, explicó.
La oposición ha restado importancia al anuncio, aunque va a tomar
recaudos. El secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, ha dicho
que en la Constitución venezolana no se menciona la palabra comuna. “El único Parlamento que existe en este país es la Asamblea Nacional”.
“Si se ponen necios”, dijo en referencia a los asambleístas electos del
Gobierno, “nosotros pondremos a funcionar la asamblea con nuestra
mayoría calificada de 112 miembros”.
El Poder Popular es una entelequia creada por el chavismo, no está
incluida en la Constitución, pero sí tiene una ley y un ministerio, y
que se define como “el ejercicio pleno de la soberanía por parte del
pueblo”. El Parlamento Comunal sería la institución que en teoría lo
representa y que nunca había entrado en funciones, perdido en la letra
muerta de la Ley Orgánica de Comunas, una de las cinco leyes comunales
que en diciembre de 2010 el entonces presidente Hugo Chávez, investido
con poderes habilitantes, impuso para la creación de un Estado Comunal
que se quedó en ciernes. Las leyes no han pasado de ser una mera
declaración de intenciones, sin efectos prácticos.
“Yo voy a dar todo el poder al Parlamento Comunal, y ese Parlamento
va a ser una instancia legislativa del pueblo desde la base”, dijo el
presidente venezolano, Nicolás Maduro,
el martes. Aunque parte de los dirigentes chavistas y la oposición
minimizaron ese anuncio, otros instan a investigar supuestas
irregularidades en los comicios.
El Parlamento Comunal, que fue juramentado por el número dos del chavismo, Diosdado Cabello,
el último día de sesiones de la legislatura 2011-2016, es parte de una
estrategia mucho más ambiciosa que apunta a no reconocer la abrumadora
victoria de la oposición el 6 de diciembre.
El jefe del comando de campaña oficialista, el alcalde del municipio
Libertador (centro oeste de Caracas) Jorge Rodríguez, anunció que pedirá
a la Fiscalía General que investigue “las artimañas sucias utilizadas
por la oposición” durante los comicios. El chavismo
asegura que en el Estado de Amazonas, un gran territorio rural situado
al sur del país, la gobernación, que está en manos de la oposición,
pagaba entre Bs 2.000 (10 dólares a la tasa de cambio oficial Simadi) y
Bs. 5000 (25 dólares) por cada voto. “Se trata de una violación a la
Constitución, a las leyes electorales y un intento de vulnerar el
sistema electoral”, recalcó el funcionario.
El periodista Nelson Bocaranda sugirió el martes que el Gobierno va a
impugnar la elección de 26 diputados, alegando irregularidades
similares a las descritas por el alcalde Rodríguez. Todo ello con el
objetivo de impedir que, con la mayoría calificada obtenida en las
elecciones, la oposición pueda legislar en sentido contrario al espíritu
del modelo económico chavista —dado a los controles de precios y a la
asfixia del sector privado— y a favor de una apertura de la economía.
Cuando se instale el Parlamento, a partir del próximo 5 de enero, el
chavismo no podrá darle cariz legal a todas las decisiones políticas que
apuntan a consolidar un proyecto revolucionario.
El Parlamento Comunal, que fue juramentado
por el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, es parte de una
estrategia que apunta a no reconocer la abrumadora victoria de la
oposición
por el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, es parte de una
estrategia que apunta a no reconocer la abrumadora victoria de la
oposición
Comunal ha provocado que parte del chavismo, que ya no funciona como una
estructura obediente a un solo mando, como en tiempos de su creador,
haya intentado matizar esa impresión. El diputado electo por el partido
de Gobierno Ricardo Molina aseguró a la televisora local Globovisión que
el Parlamento Comunal no será un cuerpo deliberativo paralelo. “Se
trata de que el poder popular tenga una base legal que le permita
organizarse para definir su futuro, con una delimitación de
competencias, definidas en la ley”, explicó.
La oposición ha restado importancia al anuncio, aunque va a tomar
recaudos. El secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, ha dicho
que en la Constitución venezolana no se menciona la palabra comuna. “El único Parlamento que existe en este país es la Asamblea Nacional”.
“Si se ponen necios”, dijo en referencia a los asambleístas electos del
Gobierno, “nosotros pondremos a funcionar la asamblea con nuestra
mayoría calificada de 112 miembros”.
El Poder Popular es una entelequia creada por el chavismo, no está
incluida en la Constitución, pero sí tiene una ley y un ministerio, y
que se define como “el ejercicio pleno de la soberanía por parte del
pueblo”. El Parlamento Comunal sería la institución que en teoría lo
representa y que nunca había entrado en funciones, perdido en la letra
muerta de la Ley Orgánica de Comunas, una de las cinco leyes comunales
que en diciembre de 2010 el entonces presidente Hugo Chávez, investido
con poderes habilitantes, impuso para la creación de un Estado Comunal
que se quedó en ciernes. Las leyes no han pasado de ser una mera
declaración de intenciones, sin efectos prácticos.
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