Wilfredo Vallín Almeida
Termina ya el 2011 y el cable desde Venezuela que debía proporcionar INTERNET para todos los cubanos no acaba de entrar en funcionamiento y lo que sabemos en torno a eso son sólo rumores: no hay una información oficial clara y específica que nos diga qué ha sucedido y para cuándo estarán solucionados los problemas con esa instalación.
El caso que acabo de exponer es sólo un ejemplo del problema mucho mayor que los nacionales hemos estado confrontando desde el triunfo de la revolución con un aspecto tan importante de la vida moderna: la INFORMACIÓN.
El carácter absolutamente estatal de los medios de información en Cuba a raíz de su nacionalización en los primeros años de poder socialista, hicieron depender esa información de la forma, la extensión y la oportunidad que dictó el supuesto representante del pueblo a su representado: sería cómo entendiese el primero.
Así, comenzó a darse un fenómeno inusitado: los cubanos nos enterábamos de lo que sucedía (no ya en el exterior, sino dentro del país) por cualquier vía o fuente ANTES de que nos lo comunicaran los medios nacionales que evidentemente tenían que esperar orientaciones del poder político para luego informar…a su manera.
Son muchos los ejemplos que pueden mostrarse de esto. En febrero de 2008 se firmó en Nueva York, por el entonces ministro de relaciones exteriores Felipe Pérez Roque, dos pactos de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, a saber, el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Ninguno de estos importantes documentos internacionales han sido publicados dentro de Cuba, no han sido explicados sus contenidos ni expuestas las razones por las cuales fueron firmados.
Algo similar aconteció con un documento del Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente celebrado en La Habana, Cuba, del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990 y, en el que, entre otras cosas, puede leerse:
Considerando que la protección apropiada de los derechos humanos y las libertades fundamentales que toda persona puede invocar ya sean económicos, sociales y culturales, o civiles y políticos, requiere que todas las personas tengan acceso efectivo a servicios jurídicos prestados por una abogacía independiente.
Los gobiernos garantizarán además que todas las personas arrestadas o detenidas, con una acusación penal o no, tengan acceso a un abogado inmediatamente, y en cualquier caso dentro de las 48 horas siguientes al arresto o a la detención.
Hemos preguntado a muchos letrados sobre este documento de ONU y la inmensa mayoría confiesa no haber escuchado de su existencia, a pesar de que fue en Cuba donde encontró concreción.
Lo anterior, por demás, no puede resultar raro si cualquier ciudadano confiesa no haber tenido nunca en las manos una Constitución de la República ni nunca haberla leído.
Sí parece obligada entonces una pregunta: ¿por qué no se informa a la población en la justa medida todo esto? ¿No es ella el soberano del cual dimanan "todos los poderes del Estado" como reza la Ley de Leyes de la nación?
¿O acaso el poder delegado se considera por encima del poder constituyente?
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