El dolor crece cuando se sabe que la muerte de un hijo pudo haberse evitado. Es el caso de la tragedia en la guardería ABC de la ciudad de Hermosillo, Sonora, en la que murieron quemados o asfixiados 49 niños y resultaron con lesiones otros 104 el 5 de junio de 2009.
Fue un hecho lamentable en el que se conjuntaron una serie de ineptitudes y complicidades injustificables.
Una investigación realizada por órdenes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación puso en evidencia que la guardería funcionaba en una bodega adaptada, compartiendo la estructura con un depósito archivístico de la Secretaría de Hacienda del gobierno de Sonora. La guardería colindaba con una llantera y estaba a escasos 43 metros de una gasolinera. ¿Cómo obtuvo en esas circunstancias los permisos de uso de suelo?, se preguntaría cualquier persona con un mínimo de sentido común.
La guardería contaba con tres salidas de emergencia, pero dos de ellas estaban bloqueadas con muebles, lo que las hacía inservibles en caso de urgencia.
El incendio inicia a las 14:40 horas, teniendo como origen (según un peritaje científico realizado en Estados Unidos) una instalación eléctrica totalmente improvisada que se ubicaba en la bodega vecina a la guardería. En ese momento estaban presentes 14 maestras, del total de 40 que integraban la plantilla docente. Una especie de toldo-carpa cubría la parte central de la guardería; algunos testigos describen que el plástico de dicho toldo cayó hirviendo sobre el cuerpo de los pequeños.
¿Cómo es que los servicios de protección civil no detectaron el peligro de la instalación eléctrica en la bodega o lo inapropiado de la carpa-toldo en la parte central de la guardería? ¿Cómo es que el IMSS permitió que siguiera funcionando en esas condiciones?
Un reporte de inspección del propio IMSS, fechado el 26 de julio de 2005, indicaba la existencia de problemas serios en la guardería ABC. Pese a que nunca fueron corregidos, el 26 de diciembre de 2006 se les renovó el contrato de prestación de servicios subrogados a los dueños.
Como negocio, la guardería ABC reportó considerables ganancias a sus propietarios, entre los que estaban varios reconocidos políticos sonorenses. El IMSS les pagaba a los dueños 2 mil 797.73 pesos por niño atendido, lo que en el caso de la guardería ABC sumaba un importe mensual de 470 mil 596 pesos. A cada maestra les pagaban un salario de mil 300 pesos quincenales.
La investigación de la Suprema Corte puso de manifiesto que los problemas no se limitaban a la guardería de Hermosillo, sino que todo el sistema de guarderías subrogadas del IMSS funcionaba bajo un desorden generalizado. Sin saberlo, miles de trabajadores ponían en riesgo a sus hijos al dejarlos cada mañana en una de esas estancias infantiles.
De las mil 480 guarderías subrogadas, solamente 14 cumplían con todos los requisitos de funcionamiento en el momento en el que abrieron sus puertas al público. El 69% no contaba con equipo contra incendio, 72% carecía de dictamen favorable de instalaciones eléctricas, 49% no tenía dictamen de protección civil municipal vigente, 72% operaba sin el visto bueno o el permiso de bomberos vigente y en 75% de ellas no existía constancia de que se hubieran hecho simulacros de emergencia.
Todo eso nos pone ante la evidencia de un funcionamiento gubernamental fallido y de una acción clamorosamente ilegal. Lo peor de todo es que parece que nadie se hizo responsable. Hay procesos penales abiertos, pero contra funcionarios menores. La responsabilidad administrativa y política de quienes encabezaban el gobierno municipal, estatal, el IMSS (antes y durante la tragedia), etcétera parece haberse quedado en el cajón de algún burócrata.
Lo mejor que podemos hacer, a la vista de la suma de tantas negligencias, es no olvidar. Por esos niños que murieron, por sus familiares que arrastran desde hace dos años el dolor de la desgracia y por todos nuestros hijos, que siguen estando en buena medida en manos de un Estado negligente, ineficaz y profundamente corrupto.
Miguel Carbonell
La impunidad es la regla
Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, España e..
*Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
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