Lic. Veizant Boloy González
Nuestro sistema penitenciario se basa en un régimen que permite al sancionado mayores beneficios en la medida en que evolucione positivamente durante el proceso reeducativo.
A tenor del Dictamen 201/84 del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, el Ministerio del Interior es el encargado de garantizar la ejecución de las sanciones privativas de libertad y es a quien corresponde el logro de los objetivos del régimen de sanciones, preceptuados en el artículo 27 de nuestro Código Penal, que consiste en reprimir, pero también prevenir y reeducar.
Además en el artículo 31.1 del mismo cuerpo legal se establece que a los recluidos en establecimientos penitenciarios, con arreglo a lo establecido en los reglamentos, se les proporciona la posibilidad de recibir visitas y artículos de consumo.
Todo esto le referí a la madre e hija de Wilfredo Martín León, quienes no comprendían cómo si esto es lo que regula nuestra norma penal, no se cumplía en su caso.
El caso es que en nuestro país las leyes que existen, no se cumplen como es debido.
Wilfredo tiene 43 años de edad, natural de la provincia de Santi Spíritus. Es un preso común que ha tenido como vía para expresar su descontento ante el actuar arbitrario del cual ha sido víctima por parte de las autoridades policiales una huelga de hambre desde hace más de 40 días; Wilfredo se encuentra extinguiendo una sanción de treinta años de privación de libertad, de la que ha cumplido catorce años y se le dificulta recibir visitas de su familia.
Él no pide sustitución de sanción, ni libertad condicional ya que aún no reúne los requisitos legales para ello, solamente reclama que lo trasladen de centro penitenciario pues actualmente fue reubicado en una prisión en Matanzas, provincia distante de la ciudad donde reside su familia, a los cuales por este motivo se les dificulta visitarlo, impidiéndose de esta forma que goce de los derechos que tiene como recluso.
Los familiares de Wilfredo han hecho la solicitud a la autoridad competente quien sin argumento legal sostiene su decisión, sin tener en cuenta la correcta conducta que ha mantenido el mismo, además de la condición de salud que le aqueja ya que sufre de un soplo en el corazón.
¿Acaso es ética y legal la victimización a la familia de un sancionado? Considero que, en este caso, se está castigando también a la familia de Wilfredo Martín León.
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