El Poder Ejecutivo tiene la obligación de diseñar y ejecutar políticas públicas que sean adecuadas y efectivas en beneficio de los más pobres. La Constitución de la República establece en su artículo 299 que el régimen socioeconómico se fundamenta en los principios de justicia social, democracia, eficiencia, libre competencia, protección del ambiente, productividad y solidaridad, a los fines de asegurar el desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa para la colectividad.
Pero en Venezuela la realidad es otra. Desde hace 17 años la economía ha estado sustentada en un régimen caracterizado por la pretensión del gobierno de controlar todo. Un gobierno que interviene en las vidas de las personas y que pone las más diversas trabas a asuntos tan elementales como adquirir alimentos o medicinas.
La inflación en Venezuela es una de las más altas del mundo. El país sufre de escasez: los productos básicos regulados por el Estado –como el papel higiénico, la leche y el aceite– usualmente no se encuentran, y cuando están disponibles, hay que hacer largas colas para adquirirlos. También padecemos los efectos perniciosos de un mercado negro de dólares que genera distorsiones en la economía.
En el paquete de 20 leyes aprobadas el último día de su habilitación para legislar por decreto, el presidente Nicolás Maduro incluyó una nueva reforma de la Ley del Banco Central de Venezuela que, entre otras novedades alarmantes, legaliza el ocultamiento de las mediciones que hace el instituto emisor.
El artículo 319 de la Constitución consagra el principio de rendición de cuentas por parte del BCV sobre las actuaciones, metas y resultados de sus políticas, así como la obligatoriedad de divulgar oportunamente informes sobre el comportamiento de las variables macroeconómicas del país. La pregunta obligada: ¿Por qué el enmascaramiento de las actuaciones del BCV?
Es ineludible la responsabilidad del Ejecutivo por el fracaso de su modelo económico y la proliferación de la corrupción. De hecho, el 1° de diciembre de 2013, Maduro anunció la creación de una comisión especial presidencial para investigar el "robo" de los dólares del Estado. Y en una entrevista realizada por el periodista José Vicente Rangel, desde el Cuartel de la Montaña, (a la cual se puede acceder en el link http://www.vtv.gob.ve/articulos/2013/12/01/maduro-ofensiva-profunda-contra-la-corrupcion-arrancara-el-primer-trimestre-de-2014-video-7839.html) manifestó: "Yo le voy a exponer al país la verdad de lo que pasó ahí, porque fue una vulgaridad, hay responsabilidad de funcionarios sin lugar a dudas, y hay una estafa contra la República, porque cuando se le entrega a un empresario 50 millones de dólares para que traiga un producto y no lo trae al país, ¿qué es eso? (…) Voy a publicar la lista completa de a quiénes se les dieron dólares en Cadivi y del Sitme". Sin embargo, no hay avances en el noble deseo de adecentar la administración pública.
El 30 de diciembre de 2015 el gobierno publicó en la Gaceta Oficial otras controversiales normas y reformas legales de última hora en materia tributaria y financiera. Al parecer, este último paquete impuesto vía habilitante no es suficiente para Maduro, pues ahora ha planteado la "necesidad" de un decreto de emergencia económica.
Es una obligación política enfrentar la crisis económica que estamos viviendo, pero sin olvidar que ha sido propiciada por la falta de planificación de políticas públicas, ineficiencia, centralismo, corrupción, derroche, y populismo, derivado de un modelo retrógrado puesto en marcha por el Ejecutivo, que siempre responsabiliza al imperio norteamericano o a la oligarquía.
La pretensión de Maduro debe estar orientada en la búsqueda sincera de un cambio del modelo económico, que aparte los excesivos controles y las regulaciones que favorecen corruptelas y con los cuales el gobierno ejerce un mayor control sobre la actividad económica privada.
El objetivo debe ser la superación de la crisis que nos agobia. El decreto de emergencia económica no debería ser utilizado como herramienta política con la cual se pretenda, de manera artificiosa, trasladar responsabilidades a la oposición y, más específicamente, a los diputados opositores electos el pasado 6 de diciembre.
El decreto de Maduro debe fundamentarse en el previo reconocimiento de la culpa del gobierno sobre la precariedad en que se encuentran todos los venezolanos. Y, dejando de lado ardides para intentar recuperar la popularidad perdida, las medidas económicas verdaderamente necesarias deben orientarse al desarrollo integral del país, con énfasis en la seguridad jurídica y una justa distribución de la riqueza.
@jesusollarves
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