ONU condena uso excesivo de la fuerza en desalojo de campamentos

La
ONU criticó hoy el “uso excesivo de la fuerza” por parte del Gobierno
de Venezuela para desbaratar una serie de “protestas pacíficas” en
Caracas y señaló que ha recibido denuncias sobre falta de información
del paradero de manifestantes detenidos.

“Condenamos
de manera inequívoca toda violencia, por todas las partes, en
Venezuela, pero estamos particularmente preocupados por los reportes
acerca del excesivo uso de la fuerza por las autoridades en respuesta a
las protestas”, dijo en Ginebra el portavoz de la Oficina del Alto
Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Fuerzas de seguridad
desalojaron, entre otros, “un movimiento que acampaba pacíficamente”
frente a la sede de la ONU en Caracas, y provocaron la salida de
manifestantes a la calle para protestar por tales medidas, recordó el
portavoz Rupert Colville. Señaló que la ONU reitera su petición al
Gobierno para que “garantice que la gente no será penalizada por ejercer
su derecho a reunirse de forma pacífica y a la libertad de expresión”.
El portavoz informó que su entidad ha recibido denuncias directas de
manifestantes, familiares y abogados, y que entre ellas figura la de
falta de información sobre el paradero de detenidos en los desalojos de
campamentos de los últimos dos días. La máxima instancia de las Naciones
Unidas en materia de derechos humanos cuestionó que la mayoría de los
detenidos hayan sido conducidos a instalaciones militares, así como el
hecho de que había 18 menores de edad entre ellos y una mujer
embarazada.

En
este contexto, dijo que causa inquietud que “la violencia y los ataques
son iniciados usualmente por hombres armados dentro y alrededor de
universidades venezolanas, desde el inicio de la semana”.

Frente
a tales hechos, Colville dijo que la alta comisionada para los Derechos
Humanos, Navi Pillay, pide nuevamente al Gobierno del presidente
Nicolás Maduro que inicie un diálogo inclusivo y “basado en las
obligaciones de Venezuela en derechos humanos”.

Pese
a la importante presencia de la entidad que dirige Pillay en América
Latina, ésta no cuenta con una oficina en Venezuela y hace un
seguimiento de la situación en este país desde los más cercanos y a
través de las denuncias que recibe.

“Para
enviar gente hay que tener el consentimiento del gobierno, firmar un
memorando de entendimiento. Para nosotros no es tan fácil mandar a
alguien a algún lugar. El gobierno tiene que ser receptivo”, comentó
Colville.

Fuente: LP