Imparcialidad

Posted on 25 de noviembre de 2013 por ajudicuba

Wilfredo Vallín Almeida

El mes pasado se conmemoró el segundo aniversario de la muerte de Laura Pollán, vocera de una de las agrupaciones contestatarias cubanas de mayor renombre: las Damas de Blanco.

En esa fecha, supimos paulatinamente, se detuvieron numerosas personas en diferentes lugares del país, al parecer, ante la preocupación oficial de manifestaciones conmemorativas por ese aniversario.

Algunas de esas detenciones se prolongaron por dos y tres días, según supimos por boca de los propios afectados.

Muchas de esas personas acudieron a la Asociación Jurídica con el propósito de que se les ayudará a formular acusación contra sus captores por la forma en que habían sido tratados.

En una gran cantidad de países, se da una situación que no tiene lugar en Cuba. Y es la independencia del poder judicial con relación a los otros poderes del Estado.

En Cuba la policía política y la ordinaria, pertenecen al Poder Ejecutivo, o dicho de otra forma, al poder estatal. La Fiscalía (militar o civil) pertenece también al aparato del estado (gobierno). Lo mismo ocurre con los tribunales.

Llevar una denuncia a la Fiscalía Militar para que presente ante los tribunales a los militares que pertenecen a su mismo ministerio, y que también se subordinan al poder gubernamental , no parece tener muchas probabilidades de éxito, sobre todo cuando de problemas políticos se trata.

La imparcialidad de que habla el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, a saber:

Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente eimparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.

reclama, como puede leerse en el resaltado, que el tribunal sea independiente e imparcial y en Cuba, no es ninguna de las dos cosas.

Seguiremos asesorando a quien se nos acerque con ese propósito, pero debemos establecer la verdad, aunque no nos guste.

No es nada probable que esas acusaciones tengan resultado por cuanto la obediencia ideológica de las instituciones estatales no permite otra cosa, y mucho menos sancionar a su propia membrecía por acciones “contra el enemigo de clase”, es decir, los que no piensan como ellos.

En absoluta justicia, todos los ciudadanos debieran tener el derecho que estamos analizando, pero falta un elemento decisivo que no existe aun en los tribunales nacionales: su IMPARCIALIDAD