Campaña: Cuba Contra el desalojo
La política del desalojo en Cuba es una política de
Estado. Más de 2000 casos han venido registrando organizaciones
observadoras del comportamiento de los derechos humanos en la isla,
entre el 2011 y el 2013.
En el caso de Cuba, las políticas de desalojo son de naturaleza
antisocial, como sucede en el Brasil contra el Movimiento Sin Tierra, y
contrario a las políticas sociales de un país como Chile que legaliza y
da créditos a su movimiento de Okupas. En Cuba la política del desalojo
está dirigida contra quienes, en ausencia de políticas que proporcionen
viviendas a sectores populares, recurren a medios y ocupan espacios
para procurarse un techo para sí y sus familias. Un caso singular en
Cuba y que llama la atención en este sentido es el de la activista y
Dama de Blanco Yurleany Tamayo Martínez.
Esta política de desalojo corre pareja a las políticas de reparto de
propiedades o de construcción inmobiliaria para los sectores de la elite
del poder, y para la nueva clase de residentes extranjeros que se
asienta en la isla.
Es llegada la hora de reactivar una Campaña Nacional contra el Desalojo, iniciada ya en 2009, con el movimiento
Los Sin Casa, por la Corriente Martiana y el proyecto mediático Hablemos Press.
Nuevo País y el
Proyecto Violencia Cero, que anima la
Plataforma Femenina
van a reemprenderla, invitando a toda la sociedad civil, y a
organizaciones sensibilizadas con estos temas en el exterior, a que
apoyen y se sumen a este esfuerzo.
Para nosotros es un tema sensible y vital porque esta política de
desalojo va dirigida precisamente ahora contra Odalys Fernández Quesada
y Gloria Llopis Prendes, dos activistas de la
Plataforma Femenina Nuevo País y del
Proyecto Violencia Cero,
que han dedicado sus mayores esfuerzos a defender a familias víctimas
del desalojo, principalmente personas negras, y a documentar casos
extremos.
Ellas son dos profesoras ejemplares y activistas, que resultan
molestas a las autoridades por su fuerte compromiso social con los de
abajo cuyas voces no son escuchadas. Ahora se enfrentan al peligro de
la violencia, del corte de los servicios de electricidad y al de ser
despojadas, junto a sus familias, que incluyen niños pequeños, de unos
hogares que han edificado en el municipio Batabanó por cerca de 14 años.
Ellas parecen las primeras y nuevas víctimas de un viejo principio: las casas del Estado son para los "revolucionarios".
Ellas han sido declaradas ilegales bajo resoluciones
anticonstitucionales e inaplicables, como de hecho ha sucedido
históricamente en muchos lugares desde 1985, año en el que se emitieron
resoluciones regulatorias de tipos de vivienda en Cuba, en un país donde
la posibilidad de contar con espacios habitables ha dependido siempre, y
con escaso éxito social, del Estado.
Y ellas y sus familias necesitan de todo el apoyo: de la sociedad
civil cubana, de organizaciones feministas en el mundo, de gremios y
sindicatos de maestros y profesores, y de organizaciones y personas
sensibilizadas con los derechos humanos.
Apoyándolas ahora, estaremos apoyando a todas las víctimas presentes y futuras de la política del desalojo.
Grabe la etiqueta #CubaContraelDesalojo, y hágala correr por las
redes sociales. La reactivación de esta campaña, con los rostros de dos
familias cubanas, trabajadoras y humildes, comienza ahora como propósito
necesario para devolver la sensibilidad a la sociedad cubana.
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