Un video divulgado en las redes sociales muestra al primer vicepresidente, Miguel Díaz-Canel, preocupado porque activistas críticos con el Partido Comunista (PCC) lleguen a ser candidatos en las próximas elecciones. El benjamín de la cúpula en el poder no duda en proponer acciones para impedir las candidaturas de opositores, incurriendo así en un delito según la actual Ley Electoral.
El funcionario alude a seis proyectos que postulan "gente contrarrevolucionaria como candidatos a delegados del Poder Popular". Si los disidentes "salen delegados, llegan a la Asamblea Municipal y pueden llegar a la Asamblea Provincial", advierte. En caso de que entren al Parlamento "sería una manera de legitimar dentro de nuestra sociedad civil a la contrarrevolución".
No satisfecho con esas aseveraciones, Díaz-Canel insiste en violar la ley que regula las elecciones en el país, al confesar al auditorio, conformado por cuadros del PCC, que "ahora estamos dando todos los pasos para desacreditar eso, para que la gente tenga una percepción de riesgo".
El benjamín de la cúpula en el poder no duda en proponer acciones para impedir las candidaturas de opositores, incurriendo así en un delito según la actual Ley Electoral
Casualmente, el pasado jueves el diarioGranma recordó las acciones que se consideran delitos contra el proceso. Entre ellas infringir el artículo 171 de la legislación donde se establece que "todo elector sólo tomará en cuenta, para determinar a favor de qué candidato depositará su voto, sus condiciones personales, su prestigio, y su capacidad para servir al pueblo".
Las normas en vigor son estrictas: "La propaganda que se realizará será la divulgación de las biografías, acompañadas de reproducciones de la imagen de los candidatos". Ningún individuo u organización está facultado para agregar detalles programáticos, tendencias políticas o publicidad a estos pocos elementos.
El oficialismo, además, insiste en que el Partido no postula a ningún candidato, una aseveración que acaba de ser desmentida por Díaz-Canel cuando revela que la organización desacreditará a los opositores, o lo que es lo mismo, hará propaganda negativa contra ellos y boicoteará su postulación.
La ausencia de campañas electorales ha sido mostrada durante años por el Gobierno como uno de los principios básicos que diferencia el proceso electoral cubano "ajeno, por principio, a toda forma de oportunismo, demagogia y politiquería", con la práctica política contemporánea a nivel internacional.
Tras bambalinas los comicios del Poder Popular cuentan con otras fuerzas poderosas: la intimidación al electorado, la vigilancia de la Seguridad del Estado y un férreo monitoreo del Partido
Fuera de las fronteras nacionales estas campañas se basan en dos componentes esenciales: subrayar los valores de un candidato y desacreditar a los adversarios políticos. Lamentablemente en demasiadas ocasiones la competencia entre programáticas pasa a un segundo lugar, mientras prevalecen los ataques personales y los insultos, lo que se realiza "para que la gente tenga una percepción de riesgo" de lo que ocurriría si el atacado resulta electo en un cargo público.
En la Isla, los comicios del Poder Popular son mostrados como un escalón superior en la democracia en tanto no apelan a los encontronazos entre antagonistas, los debates televisivos ni la parafernalia publicitaria. No obstante, tras bambalinas cuentan con otras fuerzas poderosas: la intimidación al electorado, la vigilancia de la Seguridad del Estado y un férreo monitoreo del Partido.
Muchos ciudadanos soñaban con que estas elecciones, que concluirán con la despedida de Raúl Castro de la presidencia, estarían regidas por una nueva ley electoral que permitiera las campañas electorales entre diferentes partidos. Más que confiar en que semejantes cambios fueran impulsados desde el poder, iniciativas como #Otro18 y Candidatos por el Cambio se propusieron promoverlos desde la base.
El temor a perder el control político ha impedido, sin embargo, esas transformaciones y ha llevado a Díaz-Canel a incurrir en un delito electoral. Resulta paradójico que lo que la actual ley contempla como una infracción es uno de los reclamos de los opositores para la legalidad futura: hacer campañas políticas, presentar propuestas y desacreditar públicamente al adversario.
Según Lavrov, el Congreso y la clase dirigente estadounidense "intentan atar de pies y manos [a la administración Trump], inventar, digamos, una injerencia rusa, un vínculo entre él y Rusia, entre su familia y Rusia". "No hay ni un solo hecho" que atestigüe estas acusaciones, aseguró.
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