Ya empesaron las purgas
Luego de una semana de euforia, debido al anuncio del restablecimiento
de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, tal parece que
van llegando los ajustes que se hacen fuera de cámara, lejos de las
luces y los micrófonos. Las cuentas pendientes con los dueños de
negocios que vieron sus posibilidades rebanadas del todo cuando los
barbudos entraron triunfantes a La Habana de 1959.
Un artículo de
Wal Street Journal (WSJ), aparecido este lunes 22 de diciembre, señala
que conocidas empresas como Coca-Cola, Exxon Mobil y Colgate-Palmolive
tienen pendientes reclamaciones por más de 7 mil millones de
La
mayor de las demandas corresponde a una filial de la compañía de
materiales de oficina, Office Depot. Así mismo (WSJ) informa que tras
varias fusiones en años recientes, Office Depot es propietaria de Cuban
Electric Company, que en 1960 suministraba más del 90 por ciento de
electricidad vendida a Cuba. Sin intereses, esa reclamación asciende a
267,6 millones de dólares.
En 1960, cuando fue expropiada la
filial Cuban Electric Co., suministraba más de 90% de toda la
electricidad que se consumía en la mayor de las Antillas. En aquel
momento el régimen castrista nacionalizó sus operaciones, incluida una
planta valorada en ese momento en más de US$200 millones.
Por
otra parte Boise Cascade, empresa maderera, se convirtió en dueña
mayoritaria de las acciones de Cuban Electric en 1969. En 2003, Boise
Cascade compró OfficeMax y adoptó ese nombre. El año pasado, OfficeMax
se fusionó con Office Depot, y ésta ahora controla Cuban Electric, por
la que reclamaría ante el gobierno de Castro la suma millonaria.
“El restablecimiento de las relaciones diplomáticas permitirá a EE.UU.
trabajar de manera más efectiva con el gobierno cubano en una variedad
de temas importantes, incluyendo las demandas de los estadounidenses”,
dijo el viernes un vocero del Departamento de Estado, responsable de
negociar la resolución de los reclamos.
"La resolución de los
reclamos pendientes es una prioridad del gobierno estadounidense, pero
en este momento no podemos ofrecer un cronograma específico o detalles”,
dijo el funcionario a WSJ.
Roberta Jacobson, subsecretaria de
Estado para el Hemisferio Occidental aclaró que estos temas no podrán
resolverse antes de que se restauren las relaciones diplomáticas, "pero
sí creemos que serán parte de la conversación”.
Estados Unidos se
involucró de forma determinante en responder a las expropiaciones
indebidas que hacía La Habana en 1964. Entonces el Congreso ordenó a la
Comisión de Resolución de Reclamos en el Extranjero, una agencia cuasi
judicial dentro del Departamento de Justicia, determinar la validez y el
valor de las demandas.
En seis años se certificaron casi 6.000
reclamos por unos US$1.800 millones. Con intereses, las demandas
ascenderían en la actualidad a unos US$7.000 millones.
El gigante
Coca-Cola es la otra empresa que lleva una gran demanda pues a fines de
los años ‘50, la compañía tenía una operación rentable en Cuba con
ventas anuales de más de US$7 millones, según la informe de la comisión.
Una porción importante del reclamo de Coca-Cola, de US$27,5 millones
antes de intereses, se debe al valor perdido del negocio. La demanda, en
cambio, incluye plantas de embotellamiento y jarabe, refrigeradoras,
máquinas expendedoras y contenedores que fueron incautados por el
gobierno. Representantes de Coca-Cola, Starwood, Exxon y Colgate tampoco
quisieron ofrecer detalles.
EE.UU. impuso el embargo comercial a
Cuba debido principalmente a las represalias por las propiedades
confiscadas. Tal como indica la normativa vigente, sería ilegal
levantarlo sin resolver los reclamos, dijo Matías Travieso-Díaz, un
socio de Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP, que frecuentemente escribe
análisis legales sobre las sanciones al régimen cubanos.
Las
sanciones otorgan otras protecciones legales a los demandantes. Una
provisión de la Ley Helms-Burton de 1996 sostiene que “cualquier persona
o gobierno que trafique con propiedad estadounidense confiscada por el
gobierno cubano es sujeto a daños monetarios en el sistema judicial
federal de EE.UU.”, a decir del informe de 2014 del Servicio de
Investigación del Congreso. Sin embargo, los presidentes Bill Clinton,
George W. Bush y Barack Obama no han aplicado esa estipulación.
Otros analistas, incluida Julia Sweig, una especialista en Cuba del
Consejo de Relaciones Exteriores, un centro de estudios con sede en
Nueva York, aseveran que las demandas pendientes no serían un gran
obstáculo a un comercio más abierto con la isla “debido a que ha pasado
mucho tiempo.”
Cuba se afinca en repetir que EE.UU. debe a los
cubanos más de US$100.000 millones por los daños causados por el
embargo. Pero otro problema sale a la vista de todos: la posibilidad de
La Habana de pagar las reclamaciones de los empresarios dañados a
inicios de los ‘60.
Michael J. Kelly, profesor de leyes
internacionales de la facultad de derecho de la Universidad de
Creighton, en Nebraska, y coautor de un estudio sobre el tema, dice que
un arreglo podría llegar bajo la forma de un solo pago general y no
tendría que ser en efectivo. Las empresas, explicó, podrían ser
indemnizadas con derechos de desarrollo o beneficios tributarios para
alentar la inversión extranjera en Cuba.
Luego de una semana de euforia, debido al anuncio del restablecimiento
de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, tal parece que
van llegando los ajustes que se hacen fuera de cámara, lejos de las
luces y los micrófonos. Las cuentas pendientes con los dueños de
negocios que vieron sus posibilidades rebanadas del todo cuando los
barbudos entraron triunfantes a La Habana de 1959.
Un artículo de
Wal Street Journal (WSJ), aparecido este lunes 22 de diciembre, señala
que conocidas empresas como Coca-Cola, Exxon Mobil y Colgate-Palmolive
tienen pendientes reclamaciones por más de 7 mil millones de
La
mayor de las demandas corresponde a una filial de la compañía de
materiales de oficina, Office Depot. Así mismo (WSJ) informa que tras
varias fusiones en años recientes, Office Depot es propietaria de Cuban
Electric Company, que en 1960 suministraba más del 90 por ciento de
electricidad vendida a Cuba. Sin intereses, esa reclamación asciende a
267,6 millones de dólares.
En 1960, cuando fue expropiada la
filial Cuban Electric Co., suministraba más de 90% de toda la
electricidad que se consumía en la mayor de las Antillas. En aquel
momento el régimen castrista nacionalizó sus operaciones, incluida una
planta valorada en ese momento en más de US$200 millones.
Por
otra parte Boise Cascade, empresa maderera, se convirtió en dueña
mayoritaria de las acciones de Cuban Electric en 1969. En 2003, Boise
Cascade compró OfficeMax y adoptó ese nombre. El año pasado, OfficeMax
se fusionó con Office Depot, y ésta ahora controla Cuban Electric, por
la que reclamaría ante el gobierno de Castro la suma millonaria.
“El restablecimiento de las relaciones diplomáticas permitirá a EE.UU.
trabajar de manera más efectiva con el gobierno cubano en una variedad
de temas importantes, incluyendo las demandas de los estadounidenses”,
dijo el viernes un vocero del Departamento de Estado, responsable de
negociar la resolución de los reclamos.
"La resolución de los
reclamos pendientes es una prioridad del gobierno estadounidense, pero
en este momento no podemos ofrecer un cronograma específico o detalles”,
dijo el funcionario a WSJ.
Roberta Jacobson, subsecretaria de
Estado para el Hemisferio Occidental aclaró que estos temas no podrán
resolverse antes de que se restauren las relaciones diplomáticas, "pero
sí creemos que serán parte de la conversación”.
Estados Unidos se
involucró de forma determinante en responder a las expropiaciones
indebidas que hacía La Habana en 1964. Entonces el Congreso ordenó a la
Comisión de Resolución de Reclamos en el Extranjero, una agencia cuasi
judicial dentro del Departamento de Justicia, determinar la validez y el
valor de las demandas.
En seis años se certificaron casi 6.000
reclamos por unos US$1.800 millones. Con intereses, las demandas
ascenderían en la actualidad a unos US$7.000 millones.
El gigante
Coca-Cola es la otra empresa que lleva una gran demanda pues a fines de
los años ‘50, la compañía tenía una operación rentable en Cuba con
ventas anuales de más de US$7 millones, según la informe de la comisión.
Una porción importante del reclamo de Coca-Cola, de US$27,5 millones
antes de intereses, se debe al valor perdido del negocio. La demanda, en
cambio, incluye plantas de embotellamiento y jarabe, refrigeradoras,
máquinas expendedoras y contenedores que fueron incautados por el
gobierno. Representantes de Coca-Cola, Starwood, Exxon y Colgate tampoco
quisieron ofrecer detalles.
EE.UU. impuso el embargo comercial a
Cuba debido principalmente a las represalias por las propiedades
confiscadas. Tal como indica la normativa vigente, sería ilegal
levantarlo sin resolver los reclamos, dijo Matías Travieso-Díaz, un
socio de Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP, que frecuentemente escribe
análisis legales sobre las sanciones al régimen cubanos.
Las
sanciones otorgan otras protecciones legales a los demandantes. Una
provisión de la Ley Helms-Burton de 1996 sostiene que “cualquier persona
o gobierno que trafique con propiedad estadounidense confiscada por el
gobierno cubano es sujeto a daños monetarios en el sistema judicial
federal de EE.UU.”, a decir del informe de 2014 del Servicio de
Investigación del Congreso. Sin embargo, los presidentes Bill Clinton,
George W. Bush y Barack Obama no han aplicado esa estipulación.
Otros analistas, incluida Julia Sweig, una especialista en Cuba del
Consejo de Relaciones Exteriores, un centro de estudios con sede en
Nueva York, aseveran que las demandas pendientes no serían un gran
obstáculo a un comercio más abierto con la isla “debido a que ha pasado
mucho tiempo.”
Cuba se afinca en repetir que EE.UU. debe a los
cubanos más de US$100.000 millones por los daños causados por el
embargo. Pero otro problema sale a la vista de todos: la posibilidad de
La Habana de pagar las reclamaciones de los empresarios dañados a
inicios de los ‘60.
Michael J. Kelly, profesor de leyes
internacionales de la facultad de derecho de la Universidad de
Creighton, en Nebraska, y coautor de un estudio sobre el tema, dice que
un arreglo podría llegar bajo la forma de un solo pago general y no
tendría que ser en efectivo. Las empresas, explicó, podrían ser
indemnizadas con derechos de desarrollo o beneficios tributarios para
alentar la inversión extranjera en Cuba.
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