A dos meses de iniciada la guerra civil en Libia, y asediado por las fuerzas aéreas de la OTAN, ¿por qué el dictador Muamar al-Gadafi no disminuye su empuje ofensivo? Sus fuerzas blindadas han sufrido ataques demoledores, sus depósitos de armas han sido bombardeados, ¿cómo puede mantener ese nivel de ofensiva constante? ¿Cómo garantiza el dinero para pagar los cientos de miles diarios que debe entregarle a sus mercenarios y soldados leales para que continúen combatiendo a los rebeldes y matando y aterrorizando a los civiles? Se hace evidente que hay que cortarle al genocida de Gadafi las líneas de suministro de armas, hombres y dinero.
La amplitud del territorio libio no es un obstáculo insalvable para la vigilancia constante de los medios militares modernos. Un satélite militar geoestacionario o la utilización de aviones AWAC pueden cubrir el vasto espacio desértico del sur y el este. De paso, también podrían servir para vigilar cualquier acción desesperada de Gadafi, una vez que se vea sin salida, que busque destruir los conductos de agua que viajan desde los gigantescos depósitos prehistóricos subterráneos de la frontera con Chad hasta las ciudades costeras. Esta última acción sería, al igual que hiciera Hitler reteniendo en el sitio a la población de Berlín ante el arrollador avance soviético en 1945, un intento más de hacer sufrir y hasta liquidar a su propio pueblo.
No hay pruebas que lo demuestren, pero informaciones occidentales han comunicado que Argelia, por igual gobernada por una cúpula militar decadente en forma absoluta y rígida desde hace años, es el candidato más idóneo por proximidad para que se descubra como fuente principal de suministro al desesperado régimen de Gadafi. Los miembros de la nomenclatura argelina son los menos interesados en tener un vecino tan próximo donde gobierne un sistema democrático y abierto a Occidente. La contaminación libertaria les llegaría de sopetón, filtrada por la porosa frontera, como ocurriera con la propia Libia tras la triunfante revolución popular egipcia de principios de año.
Los líderes de la coalición de la OTAN deben valorar la necesidad de considerar objetivos militares a todos los funcionarios y militares que acompañen a Gadafi en su enfrentamiento y masacre del pueblo, así como sus residencias y riquezas acumuladas. Así lo exige una responsabilidad criminal sin excusa. Por tanto, al aliarse con un sangriento dictador contra su pueblo deben asumir el costo de sus condenables acciones.
La experiencia de la conclusión de la guerra en Yugoslavia y de la represión serbia contra los albaneses kosovares lo indicó claramente. A la alta jerarquía del régimen serbio no le importaba que el pueblo sufriera la destrucción de objetivos estratégicos vitales como centrales eléctricas, puentes, etc., bajo los ataques aéreos de la OTAN. Sólo cuando la cúpula en torno a Slobodan Milosevic comenzó a recibir bombardeos quirúrgicos en sus fastuosas residencias y palacios, lo que puso en peligro directo sus vidas y la riqueza que amasaran con su colaboración, fue cuando el régimen serbio propuso la inmediata rendición.
Del otro lado del mundo, la dictadura militar cubana también se siente directamente aludida con la represión al régimen libio. La élite en el poder percibe como un peligro real cualquier ofensiva diplomática o militar que busque dar término a otra dictadura. Así que, ante la amenaza del advenimiento de la democracia en la nación norafricana, es más que probable que los oxidados lazos del anciano régimen militar cubano con sus cúmbilas libios se haya puesto en funcionamiento. La hipertrofiada red de inteligencia criolla debe haber recibido la orden urgente de ponerse las pilas y con sus fuentes de información e influencia internacional ayudar a Gadafi y a cuanto otro régimen totalitario esté pasando por semejante contingencia. Las diferencias culturales, religiosas o de matiz político no son obstáculo para ello. Lobos de una misma camada, a fin de cuentas sus gastados sistemas son relapsos al virus terminal de la libertad.
Observatorio de Análisis Político, afiliado a la plataforma Consenso Cívico.
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