EL MOVIMIENTO BLOGGER, ESTA LLAMADO A SER EL CATALIZADOR MORAL DE LOS GOBIERNOS, ANTE LOS OJOS DEL MUNDO
LA LEGALIDAD CARCELARIA Y LOS TRIBUNALES EN CUBA
(Resumen)
PRIMER ESTUDIO DE ESTE TIPO REALIZADO EN LA CUBA DE CASTRO
Autor: Dr. Darsi Ferrer Ramírez
CUBABARÓMETRO
RESUMEN
Las circunstancias adversas propias de las condiciones de confinamiento dentro de la prisión, sólo ofrecieron oportunidad para conformar la muestra de este estudio con reclusos que por sus características coinciden con el grupo de los de menor peligrosidad social, que en su mayoría no presentan historial de antecedentes penales, estaban vinculados laboralmente antes de su arresto y son los acusados de los delitos menos graves.
Los resultados obtenidos reflejan, de modo general, una significativa incidencia en las violaciones de procedimientos y términos legales por parte de funcionarios de las instituciones jurídicas y policiales, situación que compromete seriamente el respeto a la legalidad y el derecho de los ciudadanos a contar con las garantías del debido proceso.
Los resultados obtenidos reflejan, de modo general, una significativa incidencia en las violaciones de procedimientos y términos legales por parte de funcionarios de las instituciones jurídicas y policiales, situación que compromete seriamente el respeto a la legalidad y el derecho de los ciudadanos a contar con las garantías del debido proceso.
En el estudio se aprecia la tendencia a prolongar intencionalmente la reclusión de los detenidos bajo investigación en las Unidades de Procesamiento Penal, como lo demuestra el 25 % que pasó más de 4 meses en los calabozos tapiados de esos departamentos del ministerio del interior.
Llama la atención que el 64,05 % nunca fue informado de sus derechos jurídicos durante el encierro en las Unidades de Procesamiento Penal, lo que incrementa el estado de indefensión de los detenidos, y que apenas el 4,38 % fueron quienes recibieron esa información durante los primeros 7 días de reclusión.
Para el 57 % de la muestra la acusación de los delitos imputados no se basó en elementos probatorios de culpabilidad, sino en aberraciones jurídicas y evidencias circunstanciales, como es el caso de la mera declaración de testigos, la convicción moral invocada por funcionarios del Estado, o el cargo de peligrosidad social pre delictiva.
También se muestra la tendencia de la Fiscalía de aplicar indiscriminadamente la medida cautelar más severa que contempla la ley para la fase preparatoria, que es la prisión provisional. El 76,31 % consideró que sus casos no contenían los requisitos que deben cumplirse para quedar sujetos a la privación de libertad en la etapa previa a la celebración del juicio oral.
Resulta notorio que el proceso de instrucción de cargos rebasó el término de 90 días en el 64,03 % de los casos, aunque la ley vigente determina que ese proceso debe realizarse en el menor tiempo posible.
La dilatación en el término de instrucción se agrava al sumar la demora, más allá del plazo establecido, de la entrega por la Fiscalía del expediente de fase preparatoria en los Tribunales, donde es revisado y se establece la fecha para la vista oral. Esto sucedió con el 77,33 % de los 73 acusados que habían pasado por esa fase.
En el grupo de los 51 reclusos que ya les habían realizado su juicio se manifestó la opinión mayoritaria, del 82,35 %, de que no contaron para ese proceso con las garantías procesales mínimas. El juicio les fue realizado después de los 6 meses en reclusión provisional al 68,62 %. Y el 86,27 % alegó que les notificaron la sentencia después del término establecido por la ley.
CONCLUSIONES
En Cuba no existe la independencia de poderes y el Sistema Judicial constituye una herramienta más dentro del mecanismo impuesto por la élite gobernante para mantener el control de la sociedad.
La legislación vigente no es dirigida a la administración de justicia mediante procesos justos e imparciales, sino que responde concretamente a la preservación de los intereses políticos del gobierno.
Tal realidad conlleva a que los funcionarios del Estado dispongan de impunidad para cometer arbitrariedades y manejos ilegales de las leyes, en lo que los ciudadanos se encuentran en total estado de indefensión, a merced de sufrir todo tipo de injusticias.
Contrario a los preceptos jurídicos reconocidos universalmente, los ciudadanos son presentados en los tribunales como culpables y en todo momento tienen la obligación de demostrar su inocencia.
Resulta un hecho conocido que los abogados defensores cuentan con un estrecho margen para el ejercicio de su profesión, porque son parte, junto a los fiscales y jueces, de la estructura del poder que se supedita al gobierno y al partido comunista.
Autor: Dr. Darsi Ferrer Ramírez
E-mail: darsiferrer@yahoo.com
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