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Impunidad
18 enero, 2011 por ajudicuba
Foto: Marcelo López Bañobre
Laritza Diversent
Son muchos los que creen que los agentes del Ministerio del Interior no necesitan autorización judicial para citar oficialmente a un ciudadano. Sin embargo, Ley de Procedimiento Penal, aprobada por la Asamblea Nacional en 1977, establece que esta diligencia se practica “por medio de cédula expedida por el secretario”, (un funcionario del tribunal).
Aunque de forma dispersa, la ley procesal regula, este procedimiento. La autoridad debe fundamentar mediante resolución ante el secretario judicial, los motivos de su decisión. Éste la firma y expide la cédula de citación.
El proceso debe garantizar que los ciudadanos no sean molestados innecesariamente. En la práctica, la autoridad no cumple este requisito legal. Aun cuando la propia ley deja bien claro que: “son nulas las… citaciones…que se practiquen sin observar lo dispuesto” por ella.
No obstante, el propio precepto aclara que, si la persona citada muestra conformidad con la citación, esta surtirá efecto, como si se practicara según lo establecido en la ley. Hecho que debilita la concepción del Estado de Derecho y ofrece impunidad a los órganos estatales ante sus propias acciones.
Al ejercer el poder las instituciones estatales se someten a formas jurídicas establecidas, por la representación de la sociedad en el Parlamento, estas formas jurídicas deben ser de público conocimiento.
Los ciudadanos desconocen este particular. En la generalidad de los casos aceptan como válidas citaciones ilegales, lo cual crea la paradoja de favorecer la impunidad de los que tienen la misión de velar por el cumplimiento de la legalidad.
La citación oficial está prevista en la ley, como una diligencia para aclarar o comprobar un delito en investigación. Sin embargo, es una técnica muy utilizada para entrevistar y coaccionar a los que públicamente mantienen opiniones críticas acerca del gobierno.
Es práctica normal que un policía o agente de la Seguridad del Estado, cite a un ciudadano. Sin embargo, los únicos legalmente facultados para realizar este acto son el instructor, el fiscal o el tribunal. Los agentes de la autoridad uniformados, cuando más, sólo pueden realizar la entrega del documento.
En este caso los agentes se atribuyen, sin título legítimo, actos propios de una autoridad o de un funcionario público carácter oficial. Un delito regulado en el Código Penal, bajo el título de Usurpación de Funciones Públicas.
El ciudadano común desconoce que en este caso, puede denunciar al agente ante la fiscalía militar. Aunque es bueno saber de antemano que difícilmente le acepten una acusación de este tipo. La impunidad en el sistema estatal llega a niveles insospechados, al igual que el desconocimiento de los procedimientos penales.
También es común, que, por la inasistencia injustificada al llamamiento oficial, los agentes de la autoridad adicionen un 0 a la cifra legalmente establecida. La ley exige, la primera vez, la imposición de una multa de 50 pesos, la segunda, procesamiento penal por desobediencia.
En el aviso, los policías y miembros de la Seguridad del Estado, advierten que la contravención es penada con 500 pesos. La ley obliga a concurrir al llamamiento de una autoridad, siempre que esta cite con las formalidades legales. La cifra “inflada” es otra forma de coaccionar e impedir el ejercicio de los derechos reconocidos.
La ilegalidad en Cuba se ha convertido en una práctica común que se extienda también a los órganos estatales Los funcionarios y agentes de la autoridad actúan por cuenta propia, amparados en el exceso de poder que otorga el Estado a los órganos represivos en detrimento de las libertades civiles y la seguridad jurídica ciudadana, distintivos de un Estado de Derecho.
Una respuesta
en 18 enero, 2011 a 6:08 pm El ProfeMuy bueno y aclarador este Post Laritza
Hay que ir compilando todos estos materiales para la academia. Hay que qutarle la venda de los ojos al pueblo y denunciar a los violadores de los DDHH.
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