Controlar el orden público no implica sacrificar los DDHH

Controlar el orden público no implica sacrificar los DDHH Efectivos de Polimonagas detienen a un estudiante durante las protestas del pasado martes (Cortesía El oriental de Monagas) Publicada a las 08:15 AM del 29 de Enero de 2010 |  El Universal

En los países democráticos, el resguardo de los bienes y la integridad personal de los ciudadanos por parte de los cuerpos de seguridad del Estado no puede convertirse en excusa para violar los derechos humanos (DDHH). Existen suficientes convenios, tratados, sentencias de la Corte Interamericana de DDHH que establecen claramente los límites y estándares que se deben respetar para controlar el orden público. Uno de ellos consagra que, "de ser necesario emplear medios físicos para enfrentar las situaciones de perturbación del orden público, los miembros de los cuerpos armados utilizarán únicamente los que sean indispensables para controlar esas situaciones de manera racional y proporcionada, con respeto al derecho a la vida y a la integridad personal". En este sentido, activistas de derechos humanos y expertos en seguridad consultados manifestaron su preocupación por la actuación de la fuerza pública en las últimas manifestaciones estudiantiles registradas en el país. Liliana Ortega, directora de Cofavic, y Rocío San Miguel, directora de la Asociación Civil Control Ciudadano para la Seguridad y Defensa, hicieron énfasis en el uso de recursos no autorizados para disuadir a los manifestantes. "Periódicamente nos encontramos con nuevos métodos y medios para controlar las protestas que riñen con los principios básicos de los DDHH. Primero vimos el uso de perdigones, luego bombas ilegales lanzadas con una virulencia inusitada, ahora cadenas. Están utilizando a los estudiantes como conejillos de Indias para perfeccionar métodos y medios de combate", aseguró San Miguel. Ortega también cuestionó el uso de perdigones y la criminalización de la protesta. "Es muy grave que en Venezuela regresemos a situaciones en las cuales la represión de la protesta sea mediante violaciones a DDHH. Controlar el orden público no es sacrificar los DDHH". Recordó que en una manifestación la policía hace presencia para resguardar el orden público y la integridad de las personas, "no para ir en contra de los manifestantes". "No estamos en una guerra en la que hay amigos y enemigos. En democracia, la gente tiene derecho a disentir, a expresar su opinión y en ese marco los organismos de seguridad deben proteger la vida de todos, sin distinción". El uso progresivo de la fuerza es el parámetro que se debe imponer en estos casos. "Los cuerpos de seguridad no pueden utilizar todos los mecanismos de disuasión en todas las situaciones. Deben actuar con proporcionalidad a la cantidad y la reacción de los manifestantes", explicó San Miguel. Según Carlos Correa, coordinador de Espacio Público, organización no gubernamental que ha hecho seguimiento a las protestas en el país, "las manifestaciones empiezan pacíficas y luego derivan en violentas a partir de la utilización de gases lacrimógenos por parte de la policía o la Guardia Nacional". Para los violentos, Ortega no duda en pedir una "investigación imparcial y castigo si son responsables. Lo que no se puede admitir es que se someta a un tribunal a cualquiera que esté protestando". Normativa en proceso El próximo mes, el ministro del Interior, Tarek El Aissami, tiene previsto aprobar una resolución, vinculante para todos los cuerpos de seguridad del país, sobre el uso progresivo y diferenciado de la fuerza. En el portal del Consejo General de Policía, instancia que preside, está disponible un proyecto de normas y procedimientos sobre el tema, en el cual consideran la "preocupación social" que existe por la "cantidad y magnitud de los encuentros donde se usa la violencia innecesaria o excesiva por parte de funcionarios policiales hacia ciudadanos o grupos". La propuesta contempla que "los agentes químicos no serán utilizados hasta que todos los recursos de negociación para resolver la situación de manera pacífica se hubiesen agotado" y no podrán emplearse en "lugares cerrados, cerca de centros educativos u hospitalarios". Asimismo, prohíbe a los funcionarios "disparar directamente con armas, lanzagases o con escopetas a los ciudadanos o grupos de éstos". Para mayor información visite:http://www.eluniversal.com/2010/01/29/pol_art_controlar-el-orden-p_1742012.shtml