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¿Capital de todos los cubanos?
Lic. Veizant Boloy González
He decidido dedicarle unos momentos a la reflexión de un problema vigente: la migración interna; el desplazamiento de personas de otras provincias, hacia la capital, casi siempre con el objetivo de mejorar expectativas de vida.
Las regiones de fuerte emigración suelen tener un nivel de vida bajo, poca posibilidad de empleo, salarios ínfimos, escasez de alimentos y productos indispensables, en resumen, una situación económica precaria, siendo la más frecuente la migración desde las provincias más orientales hacia la capital.
Ante el progresivo empeoramiento de la situación económica, ha aumentado el flujo poblacional hacia La Habana, siendo la respuesta legal a esta problemática la implementación del Decreto Ley 217/1997 sobre “Regulaciones migratorias internas para Ciudad de La Habana y sus contravenciones”, disposición que contradice el mandato constitucional de que el cubano puede domiciliarse en cualquier lugar del país.
La Magna Ley, refrendada por el Estado cubano, consagra el derecho conquistado por la Revolución de que los ciudadanos, sin distinción de raza, color de la piel, sexo, creencias religiosas, u origen nacional, se domicilien en cualquier sector, zona o barrio de las ciudades.
Sin embargo el Decreto-Ley ya citado permite la imposición de multas y la obligación de retornar al lugar de origen a las personas que vienen a La Habana sin que les sea reconocido ese derecho, y es válido que conozcan que -en la práctica- a estas personas la Policía les levanta un acta de advertencia por residir ilegalmente en La Habana.
El hecho de ser cubano no es suficiente para poder decidir dónde permanecer. Ser “propietario” de una vivienda en la Capital no te posibilita a decidir que un amigo tuyo de Matanzas, por citar un ejemplo, viva por un tiempo en tu domicilio, pues esta disposición jurídica lo obstaculiza con restricciones, especialmente en determinados municipios de nuestra ciudad.
La situación ha empeorado, pues a la fuerza los “no habaneros”, han buscado espacio, proliferando así los asentamientos ilegales, un conjunto de casas precariamente construidas, con instalaciones piratas para el abastecimiento de agua y electricidad, y condiciones sanitarias pésimas, donde las personas luchan por que conste en su identificación personal una dirección de La Habana, para poder trabajar en la legalidad y tener derecho a la libreta de abastecimiento, pues existe tal prohibición a los que no cumplen este requisito.
Por otra parte, es común que cuando un policía detiene a una persona, y la identifica, como de otra provincia, le pregunte por qué está en La Habana.
¿Un cubano no puede circular libremente en su propio país?, ¿es preciso que un Ministerio dé ese permiso?
Mucho se criticó en nuestra prensa la Ley de Arizona, pero, este Decreto-Ley aunque en menor escala, es harina del mismo costal.
¿Acaso este no es más que un vestigio del enmascarado racismo por origen nacional que hay en nuestra isla, donde el habanero cree tener más capacidad y más derechos que un santiaguero (naturales de Santiago de Cuba), y se burla de su acento al hablar?
Una salida a esta encrucijada sería que el Estado garantizara un nivel de vida adecuado a sus ciudadanos, como lo exige el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del que Cuba es signataria, de este modo, personas de otras provincias no probarían suerte en La Habana… la capital de todos los cubanos.
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