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Maduro y sus opositores: todos contrarreloj
Expertos opinan que el tiempo no es más amigo del Gobierno venezolano
que de la oposición: el antichavismo corre contrarreloj para revocar al
presidente Maduro y éste se halla bajo presión de la diplomacia
continental.
que de la oposición: el antichavismo corre contrarreloj para revocar al
presidente Maduro y éste se halla bajo presión de la diplomacia
continental.
Nicolás Maduro, presidente de Venezuela (der.), y Thomas Shannon,
subsecretario de Estado para Asuntos Políticos de EE. UU.
Conocedores de la crisis político-institucional de Venezuela han dado a entender repetidamente que el tiempo es enemigo de la oposición antichavista y de su proyecto para interrumpir el mandato del presidente, Nicolás Maduro, mediante la organización de un referendo. El oficialismo, que infringe las reglas del
juego democrático al controlar tanto al Tribunal Supremo de Justicia
como al Consejo Nacional Electoral, se ha esmerado en retrasar la
consumación de ese plebiscito porque si éste se pospone hasta después
del 10 de enero de 2017 y Maduro es revocado, un correligionario ocupará
su lugar sin que tengan lugar nuevas elecciones.
juego democrático al controlar tanto al Tribunal Supremo de Justicia
como al Consejo Nacional Electoral, se ha esmerado en retrasar la
consumación de ese plebiscito porque si éste se pospone hasta después
del 10 de enero de 2017 y Maduro es revocado, un correligionario ocupará
su lugar sin que tengan lugar nuevas elecciones.
Por eso se argumenta que la comisión de mediadores auspiciada por la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR)
para fomentar el diálogo entre el Ejecutivo de Maduro y sus adversarios
le abre una ventana de oportunidad al gobernante Partido Socialista
Unido de Venezuela (PSUV): negociar toma tiempo. Un tiempo que el
antichavismo no tiene. Sin embargo, expertos consultados por DW sugieren
que el reloj de arena no es más amigo del uno que del otro. Al parecer,
la diplomacia continental –ejercida desde la UNASUR, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Casa Blanca– empieza a ponerle límites virtuales a Maduro.
Luis Almagro, secretario general de la OEA.
¿Mucho ruido y pocas nueces?
El pasado jueves (23.6.2016), Luis Almagro, secretario general de la
OEA, presentó un exhaustivo informe sobre la situación venezolana en una
sesión extraordinaria del Consejo Permanente de ese organismo. Aunque estaba previsto que el funcionario uruguayo planteara la activación de la Carta Democrática Interamericana para amonestar al Gobierno de Maduro por sus infracciones contra
el Estado de derecho, el orden constitucional y los derechos humanos,
Almagro “bajó el tono”, según las agencias de noticias, subrayando que
“el objetivo no es castigar ni sancionar a Venezuela”. El encuentro
concluyó sin votación ni consenso sobre la cuestión.
Los representantes de algunos Estados miembros aseguraron que leerían el
reporte de Almagro en los próximos días …o semanas. Pero nadie habló de
retomar el debate. ¿Se esperaba demasiado de esa reunión en la OEA?
“Almagro me dio la impresión de estar tanteando el terreno para ver la
reacción de los presentes porque, apartando a quienes han asumido posiciones claras de
cara a la crisis venezolana, casi nadie parecía estar dispuesto a
mostrar sus cartas antes de comenzar la partida de póker”, dice Héctor
Briceño, jefe del área sociopolítica del Centro de Estudios del
Desarrollo (CENDES), de la Universidad Central de Venezuela.
“Recurro a esa metáfora porque yo percibo esa sesión extraordinaria en
la OEA como el inicio de un proceso”, acota el investigador,
especializado en el estudio de la cultura política, la calidad de la
democracia, las elecciones y los partidos políticos. “Almagro sabe que
esta historia apenas está empezando y no creo que él aspirara a cerrar
la sesión del 23 de junio con un acuerdo unánime. Tampoco lo habrá en
las próximas semanas”, advierte Briceño. “En la OEA sólo hubo concordia
cuando se hizo alusión a la importancia de promover el diálogo entre el
Gobierno y la oposición de Venezuela”, señala el experto.
Diálogo sí, pero no eterno
Una de las recomendaciones de Almagro fue la creación de un “grupos de
países amigos” que ayudara a los venezolanos a salir del atolladero. “Lo
que me llamó la atención fue que muchos Estados insistieron en ponerse a
la orden como facilitadores del diálogo. A mi juicio, esa fue una forma
diplomática de presionar para que se amplíe la comisión de mediadores
ya propuesta por la UNASUR”, comenta Briceño. Antes de la sesión del
jueves (23.6.2016), Almagro ya había aconsejado que a los expresidentes
José Luis Rodríguez Zapatero, Leonel Fernández y Martín Torrijos se
sumaran personalidades que gozaran de la plena confianza de la oposición.
“En uno o dos meses, si las negociaciones no avanzan, la OEA puede pedir
que se evalúe de nuevo la situación de Venezuela”, agrega el
investigador del CENDES. A sus ojos, la Carta Democrática Interamericana
se puede aplicar más adelante si el Gobierno tiende a la
intransigencia. Detlef Nolte, vicepresidente del Instituto Alemán de
Estudios Globales y Regionales (GIGA), coincide con Briceño cuando se le
pregunta sobre el riesgo de que el Ejecutivo intente eternizar el
diálogo con la oposición: “El oficialismo está bajo presión para
solucionar el conflicto porque sabe que la cláusula democrática de la
OEA puede ser activada si la comisión mediadora fracasa”.
Nolte enfatiza que Maduro no tiene un período indefinido de tiempo para llegar a acuerdos con la oposición y describe el acercamiento entre Washington y Caracas
como un potencial catalizador de pactos. “No creo que vaya a haber
muchas rondas de negociación. Yo puedo imaginar al Gobierno
estadounidense esperando un máximo de dos o tres meses para que el
diálogo chavismo-antichavismo dé frutos. En ese lapso debe haber un
paquete de soluciones en la mesa. Y lo que se va a negociar es muy
claro: el Gobierno debe dejar de bloquear la Ley de Amnistía que el
Parlamento promulgó para liberar a los presos políticos, el referendo
revocatorio debe tener lugar de tal forma que si Maduro es revocado se
realicen elecciones presidenciales y el Ejecutivo debe respetar las
prerrogativas y competencias de la Asamblea Nacional. No es democrático
que los jueces constitucionales reinterpreten la Carta Magna para
restringir la actuación de los legisladores”, sostiene Nolte.
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