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La Fiscalía pide tres años de prisión a la economista independiente Karina Gálvez
La Fiscalía de Pinar del Río pidió en la mañana de este sábado tres años de prisión para la economista Karina Gálvez por el presunto delito de evasión fiscal durante la transacción de compra de su vivienda, así como el decomiso de dicho inmueble, según comunicó ella misma a DIARIO DE CUBA.
"La petición fiscal son tres años de privación de libertad, subsidiadas con limitación de libertad, o sea, que no sería en la cárcel. Serían tres años de limitación de libertad más la confiscación de la casa. Esto es lo que la Fiscalía pide al Tribunal", detalló la economista.
Gálvez, miembro del Consejo de redacción de la revista Convivencia, fue detenida en enero durante seis días y desde entonces su casa se encuentra precintada y en manos de las autoridades del régimen.
En abril Convivencia condenaba todo el proceso alrededor de la economista y consideraba que "formaba parte del hostigamiento continuado y creciente" contra su equipo.
En aquel entonces Convivencia recordaba que los "registros en el aeropuerto, restricciones de movilidad y viaje, interrogatorios y citas a inmigración después de viajar, entre otros, se ha venido incrementando desde hace más de un año sobre la revista, verdadera causa de todo lo ocurrido" a Gálvez.
"La sentencia que emane de ese proceso, como sabemos, tiene como fin limitar el trabajo del Centro de Estudios Convivencia, privarlo de su sede de estudios, desestabilizar y reprimir a sus miembros y atemorizar a los ciudadanos", puntualizó en pasados meses el equipo en un comunicado.
La vivienda de Gálvez fungía como sede del proyecto.
A finales de mayo, Convivencia sostenía: "No nos vamos de Cuba, a pesar de los momentos duros de represión que estamos viviendo".
En cuanto al proceso legal y a la notificación recibida este sábado Karina Gálvez explicó a DDC que esta es "la primera vez que el abogado va a tener acceso al expediente de la causa" por la que está siedo procesada.
"En el sistema judicial cubano, los abogados no tienen acceso ni al expediente ni a nada del caso hasta tanto sean notificados por el Tribunal. Ahora sobre la base de lo que esté en el expediente, los argumentos de la fiscal, pues el abogado hará su defensa y lo tiene que presentar en el Tribunal en cinco días hábiles que es el plazo que tiene él para hacer sus conclusiones. Luego el Tribunal decidirá la fecha del juicio", abundó.
En abril, la economista pagó una "fuerte sanción administrativa" impuesta por la Oficina Nacional Tributaria (ONAT) de 40.452 pesos (CUP) de multa ante la supuesta evasión fiscal de la que se le acusa.
"Aun habiendo cumplido esta fuerte sanción, y habiendo permanecido detenida e incomunicada durante seis días en la Unidad de Investigación Criminal de Pinar del Río, la vivienda sigue ocupada y sellada, tanto más cuando en este momento Karina Gálvez no tiene ninguna deuda pendiente con el Estado", denunciaba Convivencia en aquel entonces.
Sobre cómo sería considerado ese pago después de recibir la petición fiscal este sábado, Gálvez explicó: con este monto de 40.452 pesos cubanos "digamos que ya no tengo responsabilidad civil, pues ya pagué lo que ellos consideraban que debía haber pagado de impuesto más el recargo porque la compra de la casa fue hace tres años y una multa (la sanción administrativa por supuestamente haber evadido el fisco)", detalló.
La economista afirmó, además, que todo este proceso es "una injusticia".
"Es una injusticia que se aplique esta ley por un supuesto delito que generalmente cometen todos los cubanos por desconocimiento porque el mercado libre inmobiliario no existe en Cuba. Cada vivienda tiene una tasación oficial y por esa es por la que yo había pagado el impuesto (después de la compra de mi vivienda). Por mi parte nunca ha habido intención de librar el fisco, porque yo pagué el impuesto mínimo que estaba establecido. Esto puede ser que esté dentro de la legalidad, pero es una gran injusticia", condenó.
En los pasados meses Convivencia informó que Gálvez había presentado un expediente ante organismos de derechos humanos de la ONU y ha explicado su caso a diplomáticos de la Unión Europea.
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