EL MOVIMIENTO BLOGGER, ESTA LLAMADO A SER EL CATALIZADOR MORAL DE LOS GOBIERNOS, ANTE LOS OJOS DEL MUNDO
A continuación reproducimos el texto íntegro:
Celebramos el creciente proceso de normalización en las
relaciones cubano-estadounidense y la disposición de otros estados
democráticos para incrementar su interacción con las autoridades de La
Habana. Vemos en este proceso una oportunidad para estimular una mayor
inserción de Cuba en el mundo y mejorar las condiciones de vida de sus
ciudadanos.
A la vez, condenamos la sistemática y continuada violación de los
derechos humanos en la isla; la persistencia de un modelo político
centrado en el control de un partido único; la represión abierta contra
quienes se aparten de las líneas oficiales, y la persistente
discriminación de los cubanos frente a los extranjeros, en ámbitos que
van desde los derechos económicos hasta el acceso libre a las
comunicaciones y la información.
Ha llegado la hora de un acto de reciprocidad ante el mundo
democrático, pero, sobre todo, como deber ineludible ante su propio
pueblo, el régimen encabezado por el Presidente Raúl Castro emprenda un
verdadero proceso de apertura política y social y escuche las
iniciativas de cambio de sus ciudadanos, mientras reactiva los tímidos
cambios económicos anunciados con entusiasmo, pero paralizados en medio
de la rigidez, el temor y la burocracia.
Ha llegado la hora de que Cuba se abra a su propio pueblo.
No existe justificación alguna para continuar impidiendo que los
cubanos hagan valer los derechos y libertades elementales que les
pertenecen, y que son ampliamente reconocidos por los instrumentos
universales de derechos humanos. Muchos de ellos, paradójicamente, han
sido suscritos por su gobierno.
El camino hacia una democracia plena debe emprenderse sin
dilaciones. Cada nuevo retraso prolonga las precariedades y limitaciones
del pueblo, dificulta las posibilidades de éxito y eleva los riesgos de
conflicto interno. Por esto, es hora de comenzar a abrir el camino,
reconociendo, al menos, las siguientes garantías para todos los cubanos:
-La libertad de expresión, entendida como el derecho a buscar,
recibir y divulgar informaciones, opiniones y otros contenidos, por
cualquier medio y sin limitaciones, censura o represiones posteriores.
-La libertad de asociación, reunión y manifestación.
-La libertad de movimiento dentro y fuera del territorio nacional.
-El derecho de petición ante las autoridades y poderes públicos.
-El derecho a elegir y a ser elegido, en un ambiente de pluralidad, para todos los cargos públicos.
-El derecho a no ser detenido y encarcelado arbitrariamente, a
tener juicios justos ante tribunales independientes y a contar con
mecanismos de defensa eficaces.
-El derecho a no ser discriminado en los ámbitos educativos,
laborales o sociales en razón de las convicciones políticas o
religiosas, o por cualesquiera otras razones.
-La eliminación del control ideológico sobre la educación.
-La libertad de emprender iniciativas profesionales, laborales y
empresariales sin restricciones, y de que los cubanos cuenten, al menos,
con las mismas posibilidades que se ofrecen a los inversionistas o
comerciantes extranjeros. El virtual apartheid económico, pero también
social y político, imperante en la isla contra sus ciudadanos debe
desaparecer sin dilaciones.
Ninguno de estos derechos tan elementales, que forman parte de la
vida cotidiana en la inmensa mayoría de nuestros países, pueden ser
ejercidos en Cuba. Peor aún. Quienes se atreven a reclamarlos son objeto
de represión abierta y marginación sistemática.
En su Informe mundial 2016, la organización no gubernamental
Human Rights Watch destaca y documenta con varios casos que “en los
últimos años se han incrementado significativamente las detenciones
arbitrarias por períodos breves de defensores de derechos humanos,
periodistas independientes y otras personas”. Solo entre enero y octubre
2015, la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación,
declarada ilegal por el gobierno, recibió más de 6.200 denuncias de
detenciones arbitrarias, que se exacerbaron con anterioridad a la visita
del Papa Francisco a la isla, en septiembre del mismo año.
El informe también revela la existencia de un número de
prisioneros políticos difícil de determinar por la ausencia de
información confiable; las golpizas y agresiones callejeras contra
manifestantes no gubernamentales, el hacinamiento carcelario; las
restricciones casuísticas para viajar dentro y fuera del territorio
cubano; la imposibilidad de formar sindicatos independientes, y la
negativa a reconocer la defensa de los derechos humanos como una
actividad legítima.
La triste conclusión es que, a pesar de que el mundo y en
particular Estados Unidos, cada vez se ha abierto más a Cuba, el régimen
no se ha abierto a su propia población, que, salvo excepciones de
privilegio, permanece sumida en la precariedad, los controles, la falta
de oportunidades y la asfixia política y social. Hay que desmantelar
este encierro; hay que eliminar el embargo político, económico y social
del régimen contra los cubanos.
La responsabilidad directa de poner fin a esta situación es de la
élite que domina a Cuba desde su partido único y Estado monolítico. Sin
embargo, se extiende a los gobiernos de América Latina, hasta ahora
actores pasivos e, incluso, cómplices, ante las crónicas arbitrariedades
y la parálisis del régimen.
“Nuestra América”, la que proclamó el prócer de la independencia
cubana José Martí como ideal de unidad latinoamericana, no podrá ser
realidad mientras persista en Cuba un gobierno impermeable ante los
derechos ciudadanos, y en su doble cara ante el mundo.
Al proclamar estas inquietudes, expresamos nuestro deseo de que
los cubanos puedan construir, en paz y libertad, un nuevo orden
democrático, pacífico e inclusivo.
Firmantes:
Oscar Arias (Costa Rica), expresidente y Premio Nobel de la Paz
en 1987. Laura Chinchilla (Costa Rica), expresidente. Graciela Fernández
Meijide (Argentina), fue Secretaria de la Comisión Nacional sobre la
Desaparición de Personas. Jaime Malamud Goti (Argentina), jurista y uno
de los autores intelectuales del juicio a las Juntas Militares en la
Argentina. Eduardo Ulibarri (Costa Rica), periodista y ex Embajador ante
la Organización de las Naciones Unidas. Ricardo Gil Lavedra
(Argentina), jurista y político, integró el tribunal que en 1985 condenó
a las juntas militares de la dictadura argentina. Beatriz Sarlo
(Argentina), ensayista y periodista. Carlos H. Acuña (Argentina),
politólogo especialista en Estado y políticas públicas, miembro de
organizaciones de derechos humanos en Argentina desde 1977. Roberto
Gargarella (Argentina), jurista y sociólogo, investigador del CONICET y
docente. José Manuel Quijano (Uruguay), Economista y ex director de la
Comisión Sectorial y de la Secretaría General del Mercosur. Sergio
Fausto (Brasil), politólogo y Superintedente Ejecutivo del Instituto
Fernando Henrique Cardoso. Roberto Ampuero (Chile), escritor,
columnista, ex Ministro de Cultura y ex Embajador de Chile, vivió en
Cuba entre 1974 y 1979. Rodolfo Rodil (Argentina), ex vicepresidente de
la Cámara de Diputados de la Nación. Facundo Guardado (El Salvador), ex
integrante del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y ex
candidato a presidente. Daniel Sabsay (Argentina), profesor Titular de
Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires. Liliana de Riz (Argentina), socióloga e investigadora
Superior del CONICET. Luis Alberto Romero (Argentina), historiador,
Academia Nacional de la Historia. María Matilde Ollier (Argentina),
politóloga, docente e investigadora. Eduardo Viola (Brasil), profesor
titular de relaciones internacionales en la Universidad de Brasilia.
Héctor Schamis (Argentina), politólogo, docente, investigador y
columnista. Aníbal Pérez Liñán (Argentina), politólogo, docente e
investigador. Vicente Palermo (Argentina), sociólogo, escritor e
investigador del CONICET. Marcos Novaro (Argentina), sociólogo, docente e
investigador del CONICET. Alejandro Katz (Argentina), ensayista y
editor. Roberto García Moritán (Argentina), diplomático y ex
Vice-Canciller. Fernando Petrella (Argentina), diplomático y ex
Vice-Canciller. Jorge Edwards (Chile), Escritor y diplomático. Osvaldo
Guariglia (Argentina), filósofo e investigador del CONICET. María Sáenz
Quesada (Argentina), historiadora, escritora y ex Secretaria de Cultura
de la Ciudad de Buenos Aires. Lilia Puig (Argentina), Diputada en el
Parlasur y ex Diputada Nacional. Juan Octavio Gauna (Argentina), jurista
y político, ex Procurador General de la Nación y Diputado Nacional.
Fernando Pedrosa (Argentina), historiador, docente e investigador.
Raquel Gamus (Venezuela), antropóloga, politóloga y periodista. Patricio
Navia (Chile), politólogo, docente e investigador. Adolfo Garcé
(Uruguay), Politólogo, docente e investigador. Daniel Muchnik
(Argentina), periodista, historiador y escritor. Carlos Gervasoni
(Argentina), politólogo, docente e investigador. ARMANDO CHAGUACEDA
(Cuba), politólogo, docente e investigador. Daniel Pérez (Argentina),
diseñador y pintor, publicó un testimonio sobre la intervención militar
cubana en América Latina durante los años ’60 y ’70. Jessica Valentini
(Argentina), abogada y ex Defensora del Pueblo en la ciudad de Córdoba.
Sabrina Ajmechet (Argentina), socióloga, docente e investigadora. Jorge
Elías (Argentina), periodista, escritor e investigador. Alejandro
Oropeza (Venezuela), politólogo, docente e investigador. Francisco
Quintana (Argentina), abogado y legislador de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Luis Gregorich (Argentina), periodista y escritor. Manuel
Mora y Araujo (Argentina), sociólogo y consultor en comunicación y
opinión pública. Marta Velarde (Argentina), abogada y ex Diputada
Nacional. Carlos Facal (Argentina), abogado y ex presidente de la
Fundación Poder Ciudadano. Andrés Cañizález (Venezuela), periodista,
docente e investigador. Eduardo Amadeo (Argentina), Diputado Nacional,
diplomático, economista y ex Ministro de Desarrollo Social. Gabriel
Palumbo (Argentina), sociólogo, docente e investigador, César Ricaurte
(Ecuador), Periodista y activista por la libertad de prensa y expresión.
Nicolás José Isola (Argentina), doctor en Ciencias Sociales y
columnista de opinión en varios medios. Romeo Pérez Antón (Uruguay),
politólogo, docente e investigador. Ignacio Labaqui (Argentina),
politólogo, docente e investigador. Aleardo Laría (Argentina), abogado y
periodista, exiliado político durante la dictadura militar argentina.
Antonio Camou (Argentina), Sociólogo, docente e investigador. Javier
Valdez Cárdenas (México), periodista. Alejandro Páez Varela (México),
periodista. Rolando Rodríguez (Panamá), Periodista. María Sirvent
(México), activista de Derechos Humanos. José Rubén Zamora (Guatemala),
periodista. RAFAEL ROJAS (Cuba), historiador, docente e investigador.
Leandro Querido (Argentina), politólogo, docente y titular de la ONG
Transparencia electoral. Fernando Ruiz (Argentina), politólogo, docente e
investigador. Martín Landi (Argentina), politólogo y activista en
libertad de expresión. Hugo Machín (Uruguay), periodista y ex preso
político durante la dictadura militar en Uruguay. Rogelio Alaniz
(Argentina), periodista.
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