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Conflicto carcelario se extendió a 8 penales
Los presos de La Planta exigen que sean liberados los procesados con más de dos años sin sentencia. Esperan respuesta de la ministra Iris Varela
Madres y esposas de reclusos de La Planta se enfrentaron con la Policía Nacional | Raúl Romero
Exigen que éstos sean juzgados fuera de prisión, tal como lo establece el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal.
Las manifestantes cerraron la vía con bolsas de basura que quemaron.
Intentaron cerrar la autopista Francisco Fajardo, pero llegó un grupo de funcionarios de la Policía Nacional que les impidió que pararan el tránsito.
"¡Los presos arrechos reclaman sus derechos!", gritaban las mujeres y forcejeaban con los uniformados, a quienes arrinconaron con piedras, y empujones al borde de la autopista.
Uno de los policías hizo tres disparos de perdigones al aire para dispersarlas y dos de las mujeres resultaron heridas.
El reclamo de los presos comenzó el 1° de marzo. Desde ese día no permiten que nadie entre o salga del penal. A los reos de La Planta se unieron los de Yare, Rodeo y Los Teques.
"La población penitenciaria no buscamos (sic) calle por la fuerza, la exigimos (sic) por las leyes de nuestra patria", dice el texto elaborado por el Frente Bolivariano de Humanización Penitenciaria, adscrito al despacho de la ministra de Servicio Penitenciario, Iris Varela.
Si Varela accede a esta nueva petición, podrían quedar en libertad la mayoría de los 46.700 reos que hay en las 34 cárceles del país. Se trata de personas que aún son procesadas y que no han recibido condena.
Varela parece estar ante el segundo gran conflicto penitenciario de 2012. El primero ocurrió en enero cuando 16.000 presos de 11 cárceles se declararon en rebeldía. Actualmente hay 8 penales en problemas. A La Planta, Los Teques, Rodeo y Yare, se suman Puente Ayala, La Pica, Sabaneta y Uribana con otros conflictos.
No se descarta que en los próximos días otros centros de reclusión pudieran unirse a las exigencias de libertad.
Los presos solicitan, entre algunos aspectos, "que se decrete una emergencia carcelaria (...) y que a todos los penados que opten a una fórmula alternativa del cumplimiento de la pena se les otorguen las medidas (destacamento de trabajo, régimen abierto y libertad condicional), tomando en cuenta sólo su tiempo en prisión", sin que antes del beneficio se les practiquen los exámenes psicosociales que establece el COPP.
Pretexto de emergenciaSegún la abogada penalista Claudia Mujica, esta nueva etapa de conflicto en las cárceles podría ser utilizado por la ministra para que se apruebe el código orgánico penitenciario, que debe ser sometido a segunda discusión en la AN. "Los reclusos sólo le compraron el discurso a Varela y refuerzan lo que ella quiere, desde que es ministra, que es quitarle competencias al Poder Judicial con la excusa del retardo procesal. Con esta supuesta emergencia pueden tener la excusa para aprobar el código orgánico penitenciario que eliminaría la fase de Ejecución del proceso judicial, y que nada tiene que ver con el proyecto que el ministro Tareck el Aissami, llevó al Parlamento", explicó.
Carlos Nieto, director de la ONG Una Ventana a la Libertad, señaló que aun cuando las peticiones de los reos son extremas, también son sólo una consecuencia de las promesas incumplidas y las falsas expectativas de la ministra Iris Varela.
"La gestión de Varela ha sido un desastre y ellos piden libertad, porque saben que lo peor que puede pasar es que les digan que no. Que no nos extrañe que anuncien otro plan, para calmarlos,", dijo.
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