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La Isla del Nunca Jamás

Manuel Zayas
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Rehenes y apátridas. De cómo Fidel Castro acabó con el derecho del pueblo cubano de entrar y salir del país. El período 1959-1980.

Fotograma del filme 'Memorias del subdesarrollo', de Tomás Gutiérrez Alea: decomiso de relojes y sortijas a los que abandonan el país. (MANUEL ZAYAS)

El 9 de enero de 1959, el autoproclamado "gobierno provisional de la Revolución" se sacó de la manga una ley para controlar los movimientos de los ciudadanos cubanos al extranjero, una medida inconstitucional que fue el preámbulo de las que vendrían después y que regularían y eliminarían de tajo el derecho a la libre circulación.

Sancionada hace 53 años bajo el título de "Vigencia de pasaportes", la Ley No. 2 decía: "Es necesario a los propios efectos y principios de la Revolución, evitar que personas comprometidas con el régimen anterior, autores de delitos comunes traten de abandonar el territorio nacional con el fin de evadir la acción de la justicia, dictándose al efecto las medidas oportunas para evitar que así suceda".

A los pocos días, aquella disposición fue enmedada por la Ley No. 18, y obligaba a lo siguiente: "Todo ciudadano cubano poseedor de Pasaporte válido expedido por el Ministerio de Estado, que se proponga trasladarse al extranjero, deberá obtener una autorización al efecto, que le será concedida por el señor Jefe de la Policía Nacional". [El énfasis en esta y otras frases es del autor del artículo.]

Bajo el pretexto de impedir la evasión de criminales del régimen de Fulgencio Batista, toda la población cubana pasó a ser sospechosa de colaboracionismo. Al jefe de la policía se le otorgó una autoridad desconocida hasta entonces, la de autorizar (o no) los viajes al extranjero. (Estaban exentos de esa autorización los portadores de pasaportes diplomáticos emitidos después del 6 de enero de 1959.)

A ojos vista, la medida era contraria a la Constitución de 1940 que, en su Artículo 30, consagraba como un derecho fundamental la libertad de circulación. "Toda persona podrá entrar y permanecer en el territorio nacional, salir de él, trasladarse de un lugar a otro y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte u otro requisito semejante, salvo lo que se disponga en las Leyes sobre inmigración y las atribuciones de la autoridad en caso de responsabilidad criminal".

Y continuaba ese artículo constitucional: "A nadie se obligará a mudar de domicilio o residencia sino por mandato de autoridad judicial y en los casos y con los requisitos que la Ley señale. Ningún cubano podrá ser expatriado ni se le prohibirá la entrada en el territorio de la República".

La Ley No. 2 fue aprobada por el Consejo de Ministros, con el presidente Manuel Urrutia a la cabeza. Sin cargo alguno en aquel primer gabinete gubernamental, pero con gran apoyo popular, Fidel Castro ejercía un poder a la sombra de aquellos ministros. Según un decreto de Urrutia, Castro ostentaba el título de Comandante en Jefe de las Fuerzas de Tierra, Mar y Aire.

Las promesas del gobierno provisional de celebrar elecciones y de reinstaurar el orden constitucional —quebrantado con el golpe de Estado de Fulgencio Batista en 1952— cayeron en saco roto. Disuelto el Congreso y el Senado, el Consejo de Ministros quedó como única instancia legislativa: el 7 de febrero de 1959 sancionó la Ley Fundamental, que derogó la anterior Carta Magna, inservible desde los primeros días de enero.

Entre las principales modificaciones: se instaura la pena de muerte con efectos retroactivos para criminales y cómplices del anterior régimen (antes estaba contemplada solo para delitos militares en tiempos de guerra y proscrita para delitos políticos), se aprueba la confiscación de bienes a esas personas y para los autores de "delitos contrarrevolucionarios" y con fines sociales . El habeas corpus, garantía jurídica de libertad del individuo frente a las detenciones arbitrarias, fue suspendido por 90 días.

Pese a todas las modificaciones, el Artículo 30 de la Constitución de 1940 fue mantenido intacto. La Ley Fundamental seguía reconociendo la libertad de circulación como un derecho del pueblo cubano aunque, en la práctica, el ejercicio de ese derecho estaba truncado por la decisión de una maquinaria policial, facultada ahora para autorizar los viajes al exterior.

Los conflictos dentro del propio gobierno llevaron a José Miró Cardona a presentar su dimisión como primer ministro. Desde el 17 de febrero lo sustituiría Fidel Castro. Pocos meses después, las tensiones seguían. Entonces Castro presenta su dimisión, argumentando que el presidente Urrutia demoraba la firma de las nuevas leyes revolucionarias.

Forzado a renunciar por las protestas populares de respaldo a Castro, el 17 de julio Urrutia dejó su puesto como presidente. Su cargo como representante del Estado lo ocuparía Osvaldo Dorticós. Fidel Castro seguiría al frente del gobierno.

Una ley trampa

Los usos que se le dió a la Ley No. 2 excedieron los mismos límites de esa disposición. Se trataba, en efecto, de una ley trampa. Paradójicamente, dos de los antiguos miembros del primer gabinete del gobierno provisional y votantes de aquella ley, también serían víctimas de su aplicación. Solo obtendrían garantías para abandonar el territorio cubano después de solicitar asilo en las embajadas latinoamericanas en La Habana.

Ese fue el caso del ex primer ministro Miró Cardona, quien el 5 de junio de 1960 se refugió en la embajada de Argentina, y también el del ex presidente Urrutia, que en abril de 1961 se asiló en la de Venezuela. Tras la ruptura de relaciones diplomáticas entre Caracas y La Habana, Urrutia fue trasladado a la delegación diplomática de México, donde permaneció hasta 1963 a la espera de un salvoconducto que le permitiera salir del país.

El asilo político quedaba como único garante de la libertad de circulación. Con la nacionalización de la prensa en 1960, José Ignacio Rivero, dueño del conservador Diario de la Marina, debió refugiarse en la embajada de Perú. Temía que el "entierro simbólico" con el que se proclamó la muerte de su periódico se tradujera en una muerte real. La suya, claro está. Por su parte, Miguel Ángel Quevedo, propietario de la revista Bohemia, buscó refugio en la delegación venezolana.

En septiembre de 1960, los consulados cubanos recibieron una orden del Ministerio de Relaciones Exteriores. Se les instaba a contactar con los ciudadanos bajo su jurisdicción para que regresaran a la Isla. Quienes se nieguen, serán catalogados como "contrarrevolucionarios".

Así le sucedió por aquella fecha al escritor Severo Sarduy, becado en París, cuando comunica su intención de no regresar. Su hermana Mercedes Sarduy recuerda: "A partir de este momento es considerado un traidor contrarrevolucionario (adjetivos con los que 'acuñaban' a todo aquel que no viviera en Cuba o que no simpatizara con el sistema)".

El escritor viviría su propio limbo jurídico. En 1963, según su hermana, Severo Sarduy "tiene problemas con la renovación de su carta de residencia francesa y posteriormente, con la prórroga de su pasaporte cubano que quedó en un limbo, para siempre, entre las paredes del consulado cubano en Francia. Nunca se lo devolvieron".

Algo similar le ocurrió a la cantante Celia Cruz. Su pasaporte fue cancelado en octubre de 1960 por funcionarios del consulado cubano en México. Dos años después, las autoridades diplomáticas que debían representarla le negarán autorización para que pueda entrar a Cuba. Celia Cruz no podrá viajar a La Habana para asistir a los funerales de su madre.

En la mañana del 5 de agosto de 1961, los periódicos cubanos —ya bajo control del gobierno— anunciaron el cambio obligatorio de billetes, una medida que se había mantenido en el mayor secreto y que se haría efectiva en las siguientes 48 horas (6 y 7 de agosto). Debajo de los grandes titulares de la noticia, se podía leer : "Cerrado el país a la entrada del exterior durante esos dos días" (diario Hoy) y "Prohíben entrar al país durante esos dos días" (diario Revolución).

El Muro de Fidel Castro

En 1961, tras la ruptura de relaciones diplomáticas entre Cuba y EE UU, y unos días antes del fracaso de la invasión de Bahía de Cochinos, el Máximo Líder proclamó el carácter socialista de la revolución. Para entonces, Castro ya tenía militarizado el país entero. Controlaba la administración de la justicia y cada institución civil. Había acabado con los partidos políticos, y nacionalizado la enseñanza, la prensa, la banca y las grandes empresas. Era el administador supremo del terror revolucionario.

El 5 de septiembre de 1961, el dictador amenazó con algo insólito: anunció que se le retiraría la nacionalidad cubana a todos los profesionales de la salud, técnicos y profesores que abandonaran el país. Esa medida draconiana había sido puesta en práctica un año atrás, pero permanecía en secreto.

El éxodo creciente de profesionales significaba una sangría para el nuevo régimen. En su discurso de clausura del Congreso Nacional de Alfabetización, Castro dijo sobre los médicos: "El que en esas [estas] circunstancias abandone hoy a su enfermo, ese, ese es un miserable, a ese no le debemos dar chance nunca más de volver a este país; a esa gente hay que quitarle la ciudadanía, hay que quitarle la ciudadanía (APLAUSOS) porque esa gente algún día va a mendigar aquí, a las puertas de este país que la dejen regresar".

Y continuó: "Cuando esa gente se indigeste de yankismo y cuando esa gente esté cansada de desprecios y de malos tratos, (…) llegará el día en que vengan a tocar aquí todos esos técnicos, a las puertas de este país, ingenieros, arquitectos, médicos, profesores, vendrán a tocar a las puertas de este país, pidiendo que los dejen entrar, y ese es el momento en que nosotros tenemos que ser duros (APLAUSOS), y yo creo sinceramente, nosotros sugerimos, y somos partidarios, de que seamos duros con esa gente".

Graduado en derecho —y sin nada ni nadie que le pusiera freno—, Castro era libre para inventarse conceptos absurdos de nacionalidad. Y de ponerlos en práctica: "Es decir que a esa gente le digamos: 'No, cubano no es el que nació aquí, cubano es el que ama este país, cubano es el que lucha por este país, cubano es el que defiende este país'".

En otro momento de su discurso, el dictador volvió a retratarse : "¿Qué van a hacer?, ¿vivir en la casa que le corresponderá a un obrero? ¡No! (El público corea: '¡No!') ¿Disfrutar de las riquezas que han creado y crearán nuestros trabajadores? ¡No! (El público corea: '¡No!') Ellos no tendrán ese derecho, y ese será el castigo duro, el castigo implacable que recibirán por su traición".

Para el 28 de septiembre de 1961, el Máximo Líder se reservará sus instrucciones a la población de cómo actuar con los que se van del país, y llama a "la vigilancia en las casas", labor que deberá desempeñar cada miembro de los Comités de Defensa de la Revolución, diseminados en cada barrio.

Dijo Castro: "Los parásitos que se van a veces traen a un parientico o traen a un amiguito para la casa, y, ¡de eso nada! No señor. Hay que vigilar para cuando ya ustedes los vean vendiendo máquina, muebles, etcétera, y ya se sabe que se van, nosotros tengamos la planilla. Y esa casa —lo advertimos— será para una familia obrera. El que se mude para la casa de un parásito que se vaya, ¡que sepa que después tiene que dejar la casa! (Aplausos), el que se mude para la casa de un parásito, que esas casas son para los obreros".

Las listas negras

Al día siguiente, el 29 de septiembre de 1961, el Ministerio del Interior (MININT) dictó una disposición contraria al Artículo 30 de la Ley Fundamental. Mediante la Resolución No. 454, se implantaba el permiso de salida y los tiempos de estancia que los ciudadanos cubanos podían permanecer en el extranjero, quienes, de no regresar en los términos establecidos, serían considerados emigrantes definitivos y se procedería a confiscar todos sus bienes, sin derecho a indemnización.

Pese a las críticas a esa disposición del MININT, que no era un organismo facultado para ordenar la confiscación de propiedades, el gobierno promulgó un texto más restrictivo, la Ley No. 989 de 5 de diciembre de 1961 (vigente en la actualidad), que reglamenta "las medidas a tomar sobre los muebles o inmuebles, o de cualquier otra clase de valor, etc. a quienes abandonan con imperdonable desdén el territorio nacional".

La nueva norma estableció lo que sería el permiso de salida y el de entrada, y reguló la confiscación de bienes al emigrante definitivo, sin derecho a compensación. Aunque contraria al ordenamiento jurídico, esa ley había levantado un muro infraqueable. Todos los ciudadanos eran rehenes de un sistema totalitario. De golpe, los cubanos en terceros países comenzaron a ostentar una nacionalidad inefectiva, la del apátrida, sin derecho a residencia y tránsito en su propio país.

La huida de batistianos y de miembros de la mediana y alta burguesía, perjudicada por las nacionalizaciones, le había servido al gobierno cubano para politizar el tema migratorio y desprestigiar a la emigración cubana. La Operación Pedro Pan, que sacó del país a unos 14.000 niños, había sido utilizada por los gobiernos de Cuba y EE UU para desacreditarse mutuamente. Pero lo que no estaba dispuesto a seguir permitiendo el gobierno revolucionario era el constante éxodo, ahora de profesionales.

Después de las declaraciones públicas del dictador, el deseo de querer emigrar (o haberlo hecho) comenzó a ser vigilado como razón de Estado. Pedir un permiso de salida contemplaría la muerte civil para el solicitante, cuyo nombre comenzaría a figurar en una lista negra. Todos sus bienes pasaban a ser minuciosamente inventariados y decomisados cuando se autorizaba la salida, que podía ser demorada meses o incluso años.

En su libro Diario para Uchiram (Verbum, Madrid, 2008), la escritora cubana Julia Miranda relata la odisea que significaba querer emigrar y ofrece un retrato del momento en que llegan a inventariar su casa "cuatro de los más repulsivos personajillos creados especialmente para nosotros":

"Los intrusos abrieron sus plumas y sus libros y comenzaron a apuntar, dos de ellos en los cuartos principales, deteniéndose en medio de cada habitación para mirar con ojos devoradores cada objeto, cada detalle. (…) Entré directamente hasta la cocina donde mi madre contaba, ayudada por uno de aquellos hombres, cada platico, cada tacita, cada jarro, cada cuchara. Miré sus canas y pensé que no había derecho a obligarla a realizar aquella labor…"

Y sigue la enumeración:

"Comencé, pues, a contar y dar el número exacto de mis vestidos, faldas, blusas, ajustadores, bloomers, medias, etc. Finalmente, y después de haber terminado con todo lo de la niña, hicimos lo mismo con las sábanas, toallas, fundas, almohadas, zapatos, carteras, collares, relojes, sortijas, en fin, con todos aquellos objetos que no constituyen un mueble o aparato, pues estos ya los habían inventariado desde el principio".

Julia Miranda resume:

"Aquel día sufrimos, de modo casi irreparable, la violación de nuestro hogar y las más desagradables horas de nuestra existencia".

El Estado se consumó como institución soberana del pillaje. En un fragmento documental insertado al inicio de la película Memorias del subdesarrollo, de Tomás Gutiérrez Alea, puede contemplarse cómo los funcionarios de emigración obligaban a los que abandonaban el país a dejar sortijas y relojes… Se suponía que esos pequeños objetos irían, también, al Ministerio de Recuperación de Bienes Malversados.

Crisis migratoria y conflictos con EE UU

A pesar de la ruptura de relaciones diplomáticas, Cuba y EE UU seguían enlazados por vuelos comerciales. En respuesta a las nacionalizaciones de empresas norteamericanas en la Isla y hacia 1962, durante el mandato de John F. Kennedy, el embargo estadounidense contra Cuba llegó a ser casi total. En octubre de 1962, durante la Crisis de los Misiles, el gobierno norteamericano suspendió los vuelos regulares entre las dos naciones. Ya para entonces, habían salido de la Isla más de 270.000 personas.

Molesto por la cantidad de cubanos que abandonaban el país irregularmente —lo que figuraba (y figura) como un delito penado con varios años de cárcel—, el Máximo Líder acusó a EE UU de promover la emigración ilegal.

En su alocución del 28 de septiembre de 1965, Castro dijo que la emigración ilegal era utilizada para hacer "una incesante propaganda contra la Revolución, para contar cosas terribles, tenebrosas. A ellos no les ha importado que más de uno se haya ahogado. ¡Eso les importa un bledo a los imperialistas, si les sirve para hacer propaganda!".

"Podríamos habilitar (…) el puerto de Camarioca, en Matanzas, que es uno de los puntos más próximos, para que todo el que tenga algún pariente le damos permiso para venir en el barco, sea quien sea, con todas las garantías, avisando con tiempo por correspondencia. Y si no puede, que se dirija entonces, la correspondencia la pueden dirigir al Ministerio del Interior, sí, para que tenga todas las garantías; y si quieren, 48 horas de permanencia en el puertecito, para que una vez allí les avisen a los familiares que los vienen a buscar y se los lleven por un medio seguro", aseguró.

La provocación de una emigración masiva sería la táctica del dictador para forzar a EE UU a la negociación migratoria, estrategia que emplearía también con sobrado éxito durante el éxodo del Mariel (1980) y la Crisis de los Balseros (1994).

El puente marítimo Camarioca-Florida comenzó el 3 de octubre y terminó el 15 de noviembre de 1965, cuando los dos países acordaron poner fin a la emigración ilegal y establecer lo que se conoció como los Vuelos de la Libertad (1965-1973).

En las negociaciones migratorias entre Washington y La Habana salió a relucir una cifra: en Cuba existían más de 70.000 presos políticos. La dictadura se proponía dejarlos libres y permitirles la salida. A cambio, EE UU debía lograr la liberación inmediata de todos los cubanos presos por actividades subversivas en distintas naciones latinoamericanas y asegurar su traslado al país comunista. El gobierno norteamericano declaró que no podía negociar a nombre de otros estados.

A un año del comienzo de los Vuelos de la Libertad, el Congreso de EE UU aprobó el 2 de noviembre de 1966 la Ley Pública 89-732, The Cuban Adjustment Act, también conocida como Ley de Ajuste Cubano, que permitiría a los refugiados cubanos ajustar el estatus migratorio al de residentes permanentes.

Campos de concentración y Campamentos de Apátridas

Como el Ministerio del Interior tenía noticias de qué cubano era desafecto o un apestado, se implantó el trabajo obligatorio como forma de reeducación. "El trabajo los hará hombres", era el cartel que aparecía a la entrada de las Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP), los campos de concentración que el gobierno castrista creó el 19 de noviembre de 1965, a los pocos días de cerrarse el puerto de Camarioca.

En los tres años que duró aquel experimento, por allí pasaron unos 25.000 hombres, básicamente jóvenes en edad militar, entre los cuales había religiosos, homosexuales y hippies, los nuevos apestados del sistema totalitario. "Las alambradas, las torres de vigilancia, y los barracones son análogos a los que popularizaron Lenin, Stalin y Hitler". Son palabras del sacerdote católico Carlos Manuel de Céspedes.

Paralalemente a la creación de las UMAP, se establecieron campos de trabajo forzado en la agricultura, en régimen paramilitar, a los cuales serían enviadas las personas que manifestaban su deseo de emigrar. El trabajo agrícola era condición para otorgar el permiso de salida, y muchos de los que intentaron evadir esos trabajos eran condenados a prisión.

En 1968, en plena Ofensiva Revolucionaria, el gobierno bautizó los campos de trabajo forzado con un nuevo nombre. Los llamó Campamentos de Apátridas y los mantendría en vigor hasta mediados de los 70. Decenas de miles de cubanos pasaron por esa suerte de gulag castrista, básicamente hombres que sobrepasaban la edad del servicio militar obligatorio. A los varones entre 15 y 26 años no se les permitía emigrar. Por lo general, las mujeres sin hijos menores de 7 años eran enviadas a granjas avícolas en un régimen menos severo.

El departamento de orden público de esos campos llevaba un estricto control de cada ciudadano, y vigilaba con especial interés "los casos de homosexualidad".

En Diario para Uchiram, Julia Miranda reproduce íntegramente el Reglamento para Campamentos de Apátridas (se incluye abajo en pdf). Cito aquí fragmentos:

"La organización de los albergues será semi-militar. Los elementos se formarán por escuadras, pelotones y compañías. (…) [El jefe de brigada] llevará (…) una libreta de orden alfabético donde consten los siguientes datos: nombre y apellidos, dirección exacta, oficio, edad, si padece alguna enfermedad, y al reverso le señalará los pases otorgados, y las cortes disciplinarias a las que fue sometido [cada miembro de la brigada]. (…) Los miembros de la brigada (albergue) están obligados a desempeñar las labores a ellos encomendadas, rendimiento al máximo de productividad y calidad".

En repetidas ocasiones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dirigió comunicados al gobierno cubano solicitando el cese de las actividades represivas contra los que se planteaban emigrar.

El régimen de La Habana siempre respondió con el silencio, y continuó despidiendo de sus puestos de trabajo a los solicitantes de permisos de salida y enviándolos a desempeñar labores agrícolas obligatorias, con excepción de los médicos, que permanecerían en constantes guardias localizables y sin derecho reconocido al descanso.

Muchos médicos pendientes de su "liberación" vivieron en esa pesadilla durante una década. Personas de otras profesiones, incluidos los funcionarios, también afrontarían serias limitaciones para emigrar.

Los apátridas

La palabra "apátrida" ha quedado como una de las formas de insulto que peor utiza la dictadura cubana para referirse a todos los nacionales identificados como contrarios a la revolución. Según la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de la ONU, ese término designa "a toda persona que no sea considerada como nacional suyo por ningún Estado, conforme a su legislación".

Antes de amenazar con retirar la nacionalidad, el gobierno cubano puso en ejecución —como medida de represión política— la cancelación y retirada de pasaportes a residentes en el extranjero. Si bien esos actos no dan constancia per se de que se haya producido una pérdida legal de nacionalidad, el solo hecho de no poder contar con documentación del país del que un ciudadano es originario, colocaba a la persona en un estado de indefensión jurídica, cercana a la apatridía.

El gobierno cubano nunca ha revelado cifras de a cuántos ciudadanos les retiró efectivamente la nacionalidad, abandonándolos como apátridas. Lo que sí hay constancia es del cuño de "salida definitiva" estampado en los pasaportes de los nuevos apestados. Y también de que existieron Campamentos de Apátridas para ciudadanos cubanos dentro de su propio país.

En los años 70, la CIDH se interesó por la suerte de varias personas con doble nacionalidad por nacimiento, la cubana y la estadounidense, a los que se les impedía salir del país. Después de varios años retenidos, el régimen los obligó a renunciar a la nacionalidad cubana, como requisito para autorizarles la salida.

La CIDH emitió una resolución en la que denunció el asunto como un "caso grave y reiterado de violación de los derechos de justicia y de protección contra la detención arbitraria, consagrados en los Artículos VIII y XXV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre".

Con la Constitución Socialista de 1976, el régimen se consagró a sí mismo en el poder, y estableció la discriminación como política de Estado, intentado dar viso legal a todas las arbitrariedades ejercitadas desde los tempranos días de enero del 59. El derecho de cada cubano a entrar y salir libremente de su país, se esfumó, como por arte de magia, también de la nueva Ley de leyes.

Dispuesto a superarse siempre, el gobierno de Fidel Castro quedaba facultado para inaugurar los actos de repudio televisados y la deportación de ciudadanos. Así hizo durante el éxodo del Mariel. Desde entonces, nunca les han faltado personas indefensas a las que golpear. Ni otras a las que deportar.

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